“Al demostrar a los fanáticos que se equivocan, no hay que olvidar que se quieren equivocar.”
André Maurois
Hay una lógica detrás de la aparente insensatez. Andrés Manuel López Obrador está buscando crear condiciones para que solo sus incondicionales ocupen cargos públicos.
Con el argumento de que ya se acabó la “burocracia dorada” y “no va a haber gobierno rico con pueblo pobre”, el presidente busca reducir el atractivo del servicio público para los más capacitados. Para eso recorta remuneraciones de los altos funcionarios y elimina prestaciones como el seguro de gastos médicos privado. El ahorro es pequeño, pero el propósito es garantizar que solo los incondicionales se queden.
La disminución de las percepciones de los funcionarios ha sido políticamente popular, pero “pasará a ser un grave error”, según Ricardo Hausmann de la Universidad Harvard. “Desgraciadamente, AMLO no se va a dar cuenta de eso hasta pasados varios años y para entonces el daño sufrido por México será enorme.”
“Los gobiernos pagan a sus empleados significativamente más en promedio que el sector empresarial privado, porque [los] servicios gubernamentales [.] suelen exigir una formación más alta.” En 2012, los sueldos del sector público mexicano eran 13.2 por ciento superiores al sector privado, pero también menos desiguales: los bajos eran más altos y los altos más bajos que en las empresas privadas. Por eso tanta gente busca los puestos públicos de bajo nivel, al grado que hay compra de plazas, mientras que los altos no son tan atractivos y el gobierno tiene problemas para reclutar y mantener a personal altamente capacitado. La compactación que está ordenando López Obrador incrementará todavía más el atractivo en los bajos niveles, lo que explica, por ejemplo, por qué hay tantos aspirantes a manejar pipas de gasolina a 29 mil pesos al mes más prestaciones, pero reducirá la capacidad de atraer personal de alto nivel.
Al contrario de lo que sugiere Hausmann, López Obrador no está cometiendo un simple error, sino que está aplicando una estrategia diseñada para asegurar que los funcionarios estén comprometidos con él. Con las nuevas reglas, solo los ricos, los que tienen apartamentos en Houston o fortunas acumuladas, y los subcalificados podrán darse el lujo de trabajar para el gobierno en puestos altos. No sorprende que Edith Arrieta Meza, una licenciada en moda de la Universidad Jannette Klein, sea nombrada subdirectora de la Comisión Ambiental de Seguridad del Conacyt o que el subdirector de comunicación del Conacyt, David Alexir Ledesma, tenga solo estudios de tercer semestre de comunicación; tampoco que Jorge Amaya, candidato a la Comisión Reguladora de Energía, no haya sabido responder a una pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez sobre qué es una CEL, un Certificado de Energía Limpia, y haya pensado que se refería a un teléfono celular; o que el presidente haya propuesto a un joven miembro de su ayudantía, Ángel Carrizales, como comisionado para la CRE.
Ampliar de uno a 10 años la veda durante la cual un funcionario no puede ser contratado por una empresa privada de su ramo no es tampoco una ocurrencia. El propósito es lograr que los especialistas altamente preparados no consideren la posibilidad de incorporarse al sector público. Nadie realmente calificado puede dejar de trabajar 10 años en su campo de especialidad.
El presidente sabe exactamente lo que quiere. No le interesa contratar a los mejores; los prefiere mediocres, o independientemente ricos, pero comprometidos al 100 por ciento con su causa política.
Moralidad
“Puede que no sea ilegal, pero es una inmoralidad, sin duda.” Esto dijo ayer AMLO después de que varios ex funcionarios demostraron que no han violado la ley al trabajar en el sector privado. Claro que la moralidad, en contraste con la ley, es subjetiva.
