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Tarifas y calidad, el pleito del transporte público

Se autoriza el aumento en las tarifas de transporte público masivo y convencional en el estado, de tal manera que, se dice, se garantice la competitividad de los concesionarios para prestar un servicio de calidad a los usuarios.
¿En serio? ¿De verdad? Debería el gobierno de la entidad responder una sola pregunta en torno al transporte público ¿Es digno, humano y eficiente en el traslado de los usuarios? Porque el aumento al costo de la tarifa debería ser en consonancia con la modernización y eficacia ambiental del transporte público en cualquiera de sus modalidades.
Sin embargo, si revisáramos el inciso c de la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Transporte, encontraríamos que el aumento de la tarifa de transporte público obedece sólo a los intereses de los transportistas y a la sumisión de la autoridad frente a ellos.
El transporte en Hidalgo no promueve la equidad en el uso de los espacios públicos, ni la eficiencia y eficacia en este uso y la Secretaría de Movilidad no es garante de que se logre este propósito, que debería encaminarse no sólo a la distribución de espacios de aparcamiento o enrutamiento, sino también a la “convivencia” que se genera entre los vehículos del transporte público y el resto de automotores del parque vehicular.
El transporte público de Hidalgo no protege el medio ambiente y no reduce sus impactos negativos sobre éste, toda vez que la mayor parte del conjunto de vehículos se encuentra en condiciones mecánicas y de seguridad al pasajero por debajo de las expectativas planteadas, por lo que la promoción del uso eficiente de los recursos energéticos es imposible de promover y consolidar dados los modelos de vehículos usados, sobre todo en el transpor-
te convencional.
De hecho en el citado apartado se señala de manera puntual que se promoverá la reducción del impacto ambiental “mediante el empleo de fuentes confiables y ambientalmente sostenibles, el desarrollo y uso de biocombustible, tecnologías híbridas y energías renovables”. Para ello, la Secretaría de movilidad debería exigir la sustitución de más del 70% de las unidades que prestan servicio público en la entidad, cuestión que está por demás reconocer, le importa un comino que suceda.
Así visto, el aumento a la tarifa del transporte público tiene una visión unilateral y de beneficio para los concesionarios, mientras que el usuario sigue siendo visto como un elemento común y sin derechos dentro del sistema de transporte. Así visto, la Secretaría de Transporte, sigue sin ser útil a la gente, y esa utilidad es la que le debería de dar sentido a su existencia.

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