“Nosotros no pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto.”
General Salvador Cienfuegos
Hoy más que nunca es importante definir las reglas de participación de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas. Así lo subraya la controversia sobre la acción de la Marina en un operativo en Nayarit el 9 de febrero en el que fueron muertas 12 personas, entre ellas Francisco Patrón Sánchez, alias El H2, presunto capo de la banda de los Beltrán Leyva.
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, ha afirmado que “los de la Marina, desde un helicóptero, masacraron a seres humanos” y ha añadido, aunque sin señalar fuentes, que las víctimas fueron menores de edad. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha respondido que no se debe “lucrar” con las acciones contra la delincuencia. El almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, ha negado un uso excesivo de la fuerza y ha señalado que los marinos fueron agredidos a balazos desde una azotea durante un operativo por lo que pidieron apoyo de un helicóptero. López Obrador ha exigido que se den a conocer las identidades y las edades de los fallecidos en el operativo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que investigará lo sucedido, aunque no haya hasta el momento denuncia de parte.
Los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos forma de saber qué ocurrió realmente en Nayarit. La experiencia nos dice, sí, que muchos enfrentamientos entre fuerzas armadas y grupos de delincuentes producen abusos y que los operativos militares tienen una letalidad excepcional en nuestro país. Sin embargo, quienes cuestionan a las fuerzas armadas no saben lo que es estar bajo fuego. No sé si los fallecidos del 9 de febrero hayan sido menores de edad, pero no es fácil para un militar, o un policía, pedir la credencial de elector de una persona en medio de una balacera.
El debate subraya la importancia de la posición del secretario de la defensa, el general Salvador Cienfuegos, que ha pedido al Congreso “un marco jurídico adecuado” que defina “qué podemos hacer y que no podemos hacer”. Los comandantes de las fuerzas armadas cumplen órdenes, pero no están contentos con desempeñar un papel de policías en la guerra contra las drogas. No es su función. Una cosa es velar por la seguridad nacional y otra mantener la seguridad pública.
Si realmente atendiéramos lo que dice la Constitución, las fuerzas armadas no estarían haciendo labor de policía. El artículo 129 establece con claridad: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” El gobierno, sin embargo, le ha dado la vuelta a esta prohibición con ayuda de la Suprema Corte.
Poco importa si quienes arriesgan la vida para combatir al narcotráfico son soldados o policías. Los riesgos son los mismos y el esfuerzo está condenado al fracaso. Los éxitos nunca son permanentes, sino que promueven nuevos liderazgos y organizaciones criminales. La banda de los Beltrán Leyva fue supuestamente aniquilada por el gobierno de Felipe Calderón, pero hoy nos dicen que el H2 era cabeza de esa misma organización.
Tiene razón el general Cienfuegos. Se necesita un marco jurídico adecuado para la guerra contra el narco que evite que se siga arrastrando a las fuerzas armadas a un callejón sin salida. Lo mismo habría que hacer si la policía vuelve a hacer el trabajo de policía. A nadie se le debe obligar a arriesgar la vida enfrentando a criminales si no sabe qué puede y qué no puede hacer.
El rey Kim
Todo indica que el líder de Corea del norte, Kim Jong Un, mandó matar a su hermanastro, Kim Jong Nam, en una historia de horror que recuerda los dramas de Shakespeare. Un país comunista ha asumido las formas de acceso al poder de las viejas monarquías absolutas.
