En una inédita pugna, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrentaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y alertaron de una intromisión indebida en la justicia federal.
El Magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, advirtió que en una democracia no caben jueces dóciles al servicio de nadie, a pesar de lo que señala la campaña de desprestigio en su contra.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente a la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, dijo Vega en un posicionamiento dado a conocer ayer en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial, son los mejor pagados del mundo.
Estos salarios, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina, no tienen que ver ni con el cambio que demanda la gente ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad.
Pero Luis Vega dijo que además del ajuste salarial, desde el Senado se busca imponer rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, así como la designación de los consejeros de la Judicatura.
“Buscan controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, señaló.
El Magistrado dijo que se ha querido posicionar un falso discurso que señala a los juzgadores como privilegiados que viven del abuso del erario, señalando cantidades excesivas, como ingresos de más de 600 mil pesos mensuales, los cuales no corresponden ni cercanamente a la realidad.
En su opinión, la irreductibilidad salarial no es un privilegio sino una de las garantías de independencia de la Judicatura.
Abel Barajas
Agencia Reforma
