Alfonso Robles

Gerardo Ferrando Bravo fue priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 el entonces jefe del Departamento del DF, Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en Venustiano Carranza y dos años después lo nombró director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). El sucesor de Aguirre, Manuel Camacho, lo ratificó en el cargo en 1988, en donde permaneció hasta 1992.
De 1992 a 2007 ocupó diversos cargos dentro de la UNAM y fue director de la Facultad de Ingeniería de 1999 a 2007. Después de trabajar en la UNAM, dirigió de 2009 a 2018 su empresa de consultoría en ingeniería en transporte ferroviario de pasajeros.
En diciembre de 2018, después de 26 años de estar alejado del servicio público, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SA (GACM), la empresa paraestatal a cargo del Sistema Aeroportuario Metropolitano responsable de, entre otras cosas, finiquitar a los contratistas y proveedores que participaron en la construcción de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), obra que AMLO canceló apenas llegó a Palacio Nacional.
El 3 de noviembre de 2019, a menos de un mes de cumplir un año en el cargo, Ferrando renunció después de que fuera impugnado el proceso por el cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para desmantelar 49 mil toneladas de acero y aluminio en el NAICM.
Otras empresas que participaron en la licitación presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por posible corrupción durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó en la documentación solicitada la carta de ausencia de conflicto de interés.
El asunto se complicó después de que se hizo público que la SFP reservó por un año toda la información relativa a la investigación sobre la licitación.
Este caso se suma a las muchas irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cancelación del NAICM al realizar la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.
Para no darle vueltas al asunto, en el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que difundió el viernes pasado, la ASF señala que el costo de la cancelación del NAICM, según sus cálculos, fue de casi 332 mil millones de pesos, muy por encima de los 100 mil millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, cuando el titular de la misma era otro distinguido expriista, Javier Jiménez Espriú, quien recomendó a Ferrando para dirigir el GACM.
En su informe, la ASF detalla la forma en que el GACM realizó gastos injustificados como el de pagar 471.8 millones de pesos “sin que acreditara contar con la documentación de los entregables previstos en seis convenios para justificar el gasto”. Cuatro convenios, por 358.7 millones de pesos con la CFE y dos, por 113.1 millones, con la UNAM.
Andrés Manuel ha dicho que el gobierno pagará 32 mil millones de pesos para comprar 140 millones de dosis de las vacunas anticovid. Sería bueno que nos explique por qué la cancelación del NAICM nos costó 10 veces más que esa cantidad y más de tres veces lo que se calculó originalmente. También debería decirnos que se investigará el papel que Ferrando y Jiménez Espriú jugaron en la cancelación.
Eduardo Ruiz-Healy

Ferrando y Jiménez Espriú deben ser investigados

En Capufe todo funciona mal. La inexperiencia de sus funcionarios y el nepotismo que existe dentro del organismo descentralizado del gobierno tiene la red carretera nacional de cabeza, lo cual ha sido aprovechado por grupos de choque que se han apoderado de las casetas sin que prácticamente nadie haga nada para impedirlo.
La toma ilegal de casetas en el país se extiende a por lo menos 10 estados de la República, entre ellos Ciudad de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California y Sonora, según la propia información de Caminos y Puentes Federales, así como de organizaciones civiles y asociaciones de concesionarios privados.
Si bien no hay información disponible sobre el costo al erario público de las tomas ilegales en lo que va de 2020, el informe de Daño Patrimonial por el Ingreso no Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019 de Capufe expone que se dejaron recibir más de 3 mil millones de pesos por este ilícito, que se castiga hasta con 30 años de prisión dependiendo el tipo de agravante, según el Código Penal Federal.
El problema es que con la actual administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las tomas ilegales de caseta han aumentado. En 2010, por ejemplo, se reportaron menos de 50 ilícitos, frente a los cerca de dos mil 500 del 2019.
A inicios de agosto, de gira por Nayarit, el presidente López Obrador dijo que “ya no se permite la toma de casetas, pues se trata de actos ilegales con apariencia de demanda social”, y añadió que para evitar estas ilegalidades la Guardia Nacional se encarga de operativos de vigilancia.
“Ya no es como antes, que decía cualquiera voy a robar combustible, voy a hacer dinero tomando las casetas porque los de arriba roban, eso ya se terminó. Ya no se dan malos ejemplos, se acabó la robadera”. Pero “la robadera” sigue.
Esto se suma a la mala administración que hay en Capufe, misma que ya generó la salida del primer director general del organismo en tiempos de la 4T, Genaro Enrique Utrilla, cuya renuncia en agosto pasado fue tratada con la más alta discreción.
Utrilla Gutiérrez era un personaje cercano al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien renunció en julio, y sobre todo a su hermano, el ingeniero y empresario Enrique Jiménez Espriú.
No obstante, la llegada del nuevo titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz, tampoco está libre de presuntos conflictos de interés y nepotismo dentro de la dependencia que controla a Capufe. Resulta que su anterior esposa y madre de su hija, María Guadalupe Cano Herrera, se desempeña desde principios del sexenio como directora de Administración y Finanzas de Caminos y Puentes Federales.
La relación de Cano Herrera con la exOficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro -quien actualmente es jefa del Servicio de Administración Tributaria-, le habría permitido tomar prácticamente todas las decisiones importantes en Capufe, desde los procesos de asignación de contratos, proyectos de inversión para infraestructura tecnológica y en los programas de conservación y seguridad carretera.
Así, la administración en Capufe vuelve a estar en el ojo del huracán, como en el sexenio pasado, donde sus dos directivos más relevantes, Benito Neme Sastré y Mauricio Sánchez Woodworth, fueron acusados de cometer actos de corrupción, tras la revelación de una serie de correos electrónicos en los que acordaba cobros y la entrega de información a empresas privadas de los concursos por adelantado.
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Mario Maldonado

Capufe: toma de casetas, inexperiencia y nepotismo

Además de adelgazar la estructura burocrática y confirmar que para este gobierno no es una prioridad la tecnología, el proceso de reestructura que experimenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene otro objetivo muy bien definido: desaparecer de la 4T la huella de corrupción que dejó Javier Jiménez Espriú.
Este lunes se espera la renuncia del titular de Caminos y Puentes Federales, Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, personaje cercano al exsecretario y, sobre todo, al hermano de este, el ingeniero y empresario Enrique Jiménez Espriú.
Utrilla Gutiérrez dejará un cargo que asumió desde el 13 de diciembre de 2018, impulsado por Enrique Jiménez y, sobre todo, por su socio Enrique Gavaldón Enciso, quien se desempeña como contratista de la SCT desde la época de Gerardo Ruiz Esparza.
Gavaldón Enciso y Jiménez Espriú son socios en la compañía Planificación Total S.A, de CV, una firma de ingeniería fundada en febrero de 1998 por excolaboradores de grandes concesionarios carreteros, como el Grupo Mexicano de Desarrollo y Grupo Tribasa, hoy conocido como Pinfra.
El propio Gavaldón tuvo previamente colaboraciones con Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon, donde conoció precisamente a Genaro Utrilla y lo integró a su equipo de trabajo, una cofradía que, años después, se apoderó de la dirección de Capufe.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, Planificación Total SA, de CV, mantuvo cercanía con el gobierno, pues trabajó en proyectos de energías renovables con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, todos estos liderados por Enrique Jiménez Espriú.
Como contratistas de la SCT en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la firma participó en la construcción del controvertido Paso Exprés de Cuernavaca, donde desarrolló por 1.7 millones de pesos el Estudio de tránsito para el diseño de estrategias del desvío de flujo vehicular.
El contrato fue adjudicado, en 2015, por medio de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en el que la SCT también involucró como comparsa a las compañías SIVA, Sistemas de Validación SA, de CV, y Caxcan SA, de CV.
Adicionalmente, la firma y su principal accionista, Enrique Gavaldón Enciso, se relacionaron con el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, a quien ofrecieron diversos servicios de ingeniería y supervisión en algunas de las obras que el gobierno de Peña Nieto entregó a su constructor favorito.
Como ejemplo de lo anterior, está la supervisión que Plantot —como se le conoce a Planificación Total— realizó de la obra de ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Guadalajara-Colima, una obra en Jalisco que Higa nunca terminó y que se transfirió para su finalización a la constructora Aldesa.
Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con el hermano de uno de los socios encumbrado en la secretaría, la empresa de Gavaldón y Jiménez Espriú fue beneficiada con el contrato para la Supervisión Externa de Operación y Dictaminador de Accidentes Graves de la autopista Mazatlan-Culiacán, del Libramiento de Mazatlán y del Libramiento de Culiacán.
El contrato, con fecha de inicio del 15 de agosto de 2020, tiene una duración de 60 meses y, lo más destacado de todo, un ingreso asegurado para la compañía de 50 millones de pesos. 
Este fue el último regalo familiar del hoy exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y también del próximo exdirector de Capufe, Genaro Enrique Ultrilla.
Mario Maldonado

La huella de corrupción de Jiménez Espriú en SCT

arivera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal asumirá la titularidad de la <a href="https://twitter.com/SCT_mx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretaría de Comunicaciones y Transportes</a> en sustitución de Javier Jiménez Espriú, quien renunció al cargo.
Díaz Leal es una persona cercana a López Obrador desde hace tiempo, acompañándolo durante su etapa en el gobierno de la Ciudad de México.
Jorge Arganis Díaz Leal, es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, institución en la que ha sido profesor durante 24 años.
En 1963, inició su actividad profesional en la Dirección General de Proyectos y Laboratorios de la Secretaría de Obras Públicas, y después como ingeniero residente en la Dirección General de Obras e Instalaciones de la UNAM; fue Asesor Técnico de la Dirección General de PEMEX; Director de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingenieria (SEFI) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC).
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/1400216593509051/?__xts__%5B0%5D=68.ARCZw4lwCRrdjZuieT-F_ECCuvdiR76YWf5ntNHmREgL5x9GvqG8DfZ6QABk4jsSlzvEdvra5l_XsPBKjJrxt6ZXrn8Rd0_z2m-wDZKKGoR2wlounyzlJ1bGv9zQSCa1XCCjSryVbm8AKwEh7GWJiI1sZfNUrWOb1N10V6Gj1cdeKHSMMW3q-4QGejUpVEN6faNNCa0WEaw-8hQ2aC4NkSwW-Q6KzB3_g28SRAo_1eiNNHTCBG3KJynGE5tJD-t-A_7fz_UT3U9z_lakObapekOtWWRK0W8jbtOWcRdMeYk89B8Yzv2qrQbXpB6MkihT2yIyJM6o6rSxgVcjPzmwmmsQPIjxUs0i&#038;__tn__=-R
De 1977 a 1997 Jorge Arganis Díaz Leal, colaboró en el Grupo ICA desempeñando los siguientes cargos: Coordinador de Promoción de la División de Operación Internacional; Secretario Particular del Presidente Fundador, Ing. Bernardo Quintana Arrioja; Gerente de Desarrollo de Negocios de la División de Construcción Industrial; Director de Desarrollo de Negocios del Sector Construcción y Director General de Proyectos Especiales.
De 1998 a la fecha colabora en el Gobierno del Distrito Federal, primero, como Gerente General de la Planta de Asfalto, y de agosto de 2002 a la fecha, como Director General de Obras Públicas.
Fue consultor de la empresa Nielsen-Wurster Group, Inc. empresa norteamericana con más de 25 años de prestigio en la resolución de arbitrajes profesionales.
En cuanto a su participación gremial, ha ocupado los cargos de tesorero y Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; Presidente de la Generación 60; Consejero, Coordinador del Comité Editorial, Vocal Secretario y Vicepresidente de SEFI; Coordinador General de la Asamblea de Generaciones; Consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido Coordinador de diversos Comités, Secretario del XVI Consejo Directivo, Vicepresidente del XXIII Consejo Directivo y Presidente del XXV Consejo Directivo, representante por parte de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción.
Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, en el Marco del Tratado de Libre Comercio y Vicepresidente del Area Civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI). Fue Coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance for Civil Engineering (NAACE), y actualmente es Presidente de la American Society of Civil Engineers &#8211; Sección México.
Socio fundador de Causa Ciudadana, A.P.N. y primer coordinador del Grupo Ingenieros para el Cambio (INPAC), organizaciones políticas plurales.
La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM le otorgó a Jorge Arganis Díaz Leal, el Reconocimiento a la Actividad Gremial en 1985, la Texas Society of Professional Engineers lo designó socio honorario en 1993 y en 1998 el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó la calidad de Miembro Emérito.
Con información de AGSE Ingenieros
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Conoce a Jorge Arganis Díaz Leal, nuevo titular de la SCT

Federico Escamilla

Ocho consorcios tendrán a su cargo la construcción del Tren Maya, mismos a los que se otorgarán concesiones para explotarlo por 40 o 60 años, anticipó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El proyecto, de mil 525 kilómetros, será dividido en siete tramos de entre 130 kilómetros y 264 kilómetros y la concesión de cada uno será licitada a un consorcio o grupo de empresas para que lo construyan con sus propios recursos.
Por la longitud se promoverá que se integren consorcios para realizar las obras.
Tres tramos se ubican en el Golfo, dos en la selva y dos en el Caribe, a ello se suma la licitación del material rodante, que se adjudicará a un octavo consorcio.
&#8220;Yo pongo la concesión y ellos tienen que poner su dinero&#8221;, explicó el funcionario en entrevista.
Agregó que, como incentivo, el Gobierno les dará una subvención del 10 por ciento por cada tramo de obra terminado.
Con ese esquema, 80 por ciento de la inversión será privada y 20 por ciento pública, y éstos últimos recursos se obtendrán del impuesto de Derecho de No Residente (DNR).
Los consorcios estarán obligados a subcontratar a empresas locales para tramos de obra y suministros y ninguno podrá construir más de un tramo.
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Además, cada grupo de empresas tendrá la concesión del tramo que construyó para recuperar su inversión y obtener ganancias por el cobro de transporte de carga y de turistas, dijo Jiménez Pons.
En los próximos dos meses serán licitados los dos primeros tramos Palenque-Escárcega y Escárcega-Uxmal, donde ya hay vía férrea existente.
Tanto el proyecto ejecutivo de obra como los estudios técnicos y de impacto ambiental estarán terminados en diciembre de 2019 para poder iniciar con la obra en 2020.
Gerardo Ceballos, presidente de la &#8220;Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar&#8221;, quien participará como parte de un consejo técnico que asesorará al Gobierno federal en materia ambiental, detalló que el proyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental se harán de forma paralela.
&#8220;Para que el proyecto ejecutivo ya venga muy aterrizado&#8221;, mencionó.
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Azucena Vásquez 
Agencia Reforma