Para contratar más personal o para mantener en funcionamiento algunas oficinas, las dependencias de la Administración Pública Federal tendrán que justificar dichas necesidades ante la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con los nuevos criterios en la materia, para abrir una contratación se debe presentar la solicitud al titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) correspondiente, que a su vez deberá tramitarla ante Hacienda, mediante la Subsecretaría de Egresos o la Oficialía Mayor.

Mediante un oficio, la dependencia encabezada por Carlos Urzúa prohíbe la contratación de plazas permanentes, eventuales y servicios profesionales de honorarios a todas las dependencias, y establece que se podrá contratar sólo al personal indispensable para cumplir con los trámites y servicios que se otorgan a los ciudadanos.

“Las dependencias y entidades, a partir de la entrada en vigor de este oficio, no podrán realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado”, refiere.

Asimismo, se establece que los funcionarios que hayan renunciado a su cargo y se hayan beneficiado de una indemnización, no podrán ser contratados para un cargo público hasta dentro de un año, a menos que regresen el dinero.

“En observancia a los principios de legalidad, honestidad y transparencia en el ejercicio del gasto público federal, los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral, no podrán ser contratados nuevamente por un periodo de 12 meses.

“La prohibición señalada no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente al ejecutor de gasto correspondiente el monto de la indemnización laboral que haya recibido”, señala.

El oficio, fechado el 7 de diciembre, señala que se deberá informar sobre estas medidas en materia de personal a los órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales.

En los considerandos, se indica que las restricciones buscan fortalecer el ejercicio del gasto público con criterios de eficiencia y transparencia, para poder liberar recursos para otras tareas gubernamentales.

“La ejecución (de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) implicará metas de ahorro en la administración, el redimensionamiento administrativo y la aplicación de de medidas de eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyo.

“Es objetivo de la presente administración impulsar una política de austeridad republicana que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población menos beneficiada”, apunta.

Claudia Guerrero
Agencia Reforma