Organizaciones de la sociedad civil (OSC) urgieron la creación de un registro estatal de personas desaparecidas, así como la elaboración de reglamentación que contribuya a la localización de las víctimas y evite la impunidad.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de la sociedad civil realizaron un pronunciamiento frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), donde recriminaron que su titular, José Alfredo Sepúlveda Fayad, no ha emitido un informe especial ni una recomendación general por este tema.
Lizbeth Delgadillo Islas, integrante de Juntos por Hidalgo, recordó que el salario del ombudsman hidalguense es de 73 mil 776 pesos de manera mensual; sin embargo, “no ha sido capaz de dar resultados”, dijo.
La también excandidata al Senado por el Partido del Trabajo (PT) mencionó que el gobierno del estado no puede seguir postergando la implementación de la Ley General de Víctimas, así como la de Desaparición Forzada.
Las agrupaciones reunidas en las escalinatas de la CDHEH demandaron que se garantice la reparación del daño a las familias y se brinde acceso a la justicia.
También pidieron capacitación para jueces y magistrados sobre tratados internacionales y atención a víctimas, además de diseñar protocolos para atender este problema.
Según los integrantes de las organizaciones, las personas menores de edad desaparecidas no siempre son sustraídas por gente ajena a sus hogares, pues en ocasiones los padres se los llevan.
Yuvenil Torres I Pachuca
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