Por señalamientos de robo y peculado, cuatro candidatos que participan en el proceso electoral 2018 cuentan con antecedentes ante la justicia: Mirna García López, del Partido del Trabajo (PT); Julio César Ángeles Mendoza, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Isidro Romero Alcántara, de Por México al Frente (PRD-PAN-MC), y Rodolfo Paredes Carbajal, del Revolucionario Institucional (PRI).
En uno de los casos, el proceso continúa en investigación; tres fueron sobreseídos, según el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH).
García López, exdirigente de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es investigada por el probable desfalco de 123 millones de pesos a la organización.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), cuenta con una orden de aprehensión; además, se solicitó una ficha roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) mediante el oficio CM/Interpol/007-116/2016.
Su candidatura se aprobó el 29 de marzo, cuando sustituyó a Auxilio Flores García en la lista de plurinominales de la quinta circunscripción, en la posición dos, del PT.
El expediente 130/2014 de la exlideresa magisterial continúa en investigación, pero las leyes electorales señalan que, por el principio de presunción de inocencia, a un ciudadano no se le puede negar que ejerza sus derechos políticos electorales hasta que sea declarado culpable.
Por su parte, Ángeles Mendoza, alcalde con licencia de Atotonilco de Tula y candidato por el distrito federal V Tula por Morena, ha estado dos veces en prisión, acusado de peculado, en 2012 y 2016.
Hace seis años, el exedil estuvo ocho meses en la cárcel por no esclarecer el destino de un millón 127 mil pesos de la cuenta pública de 2009, en su primera administración municipal; sin embargo, fue absuelto, pues las acusaciones no fueron probadas.
En 2016, previo a que tomara protesta por el segundo periodo como presidente municipal, el expesista fue detenido, acusado de negociaciones indebidas con el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México por 202 millones 470 mil pesos, durante su primera gestión. Tras siete meses en prisión, obtuvo un amparo que le otorgó su libertad debido a que el delito ya había prescrito.
En tanto, Romero Alcántara, quien encabeza la segunda candidatura al Senado de la fórmula de Por México al Frente, fue señalado de peculado en su penúltimo año de gobierno, cuando fue alcalde de Tula (2003-2006), por 15 millones de pesos. Se inició una investigación que derivó en la causa penal 49/2012; sin embargo, según los asesores del aspirante, el delito ya prescribió.
Paredes Carbajal, postulado por el PRI a diputado local por el distrito XIV Tula y alcalde de ese municipio de 2009 a 2012, fue señalado por el faltante de 3 millones de pesos durante su administración, que derivó en la averiguación previa 12/DAP/014/2012 por peculado; según el aspirante, el Ministerio Público (MP) no tuvo elementos para probarlo.
PUEDEN CONTENDER
La tesis XV/2007 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señala que, aun cuando el ciudadano se encuentre sujeto a un proceso penal, puede ser registrado en un cargo de elección popular, mientras no sea privado de su libertad.
Marisol Flores I Pachuca
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