El sismo de 19 de septiembre de 2017 dejó 206 carpetas de investigación, de las cuales 10 permanecen abiertas, una ya fue cerrada y 3 directores de obra están sujetos a un proceso, pero aún no hay sentencia alguna.
En 59 asuntos se llegó a un acuerdo reparatorio que benefició al mismo número de víctimas indirectas de 6 inmuebles, según datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Las carpetas fueron iniciadas por homicidio, fraude, cambio de uso de suelo y hasta por la sustracción de un menor, entre otros motivos.
Para llevar a cabo las investigaciones se nombró al ingeniero José Luis Nava, un perito especialista en estructuras, que brindó asesoría.
Actualmente, hay tres directores responsables de obra vinculados a proceso que siguen su proceso en libertad, mientras que otros tres están amparados.
“Algunas personas están vinculadas, pero en externación y hay otras tres que fue revocada su vinculación mediante el recurso de apelación, pero están en desarrollo en instancias federales amparos victimales”, informó Guillermo Terán, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJ.
Dos de los amparados son Juan Duay Huerta y Jaime Smith Ríos, por el inmueble Zapata 56, en Benito Juárez, inmueble con un año de construido y donde fallecieron Matilde y Karla, trabajadoras domésticas.
Del total de investigaciones, señaló Terán, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 11 personas, de las cuales se cumplieron 6, todos ellos DRO.
El Artículo 329 bis del Código Penal determina cuáles son las obligaciones que puede transgredir un Director Responsable de Obra o un Corresponsable, que pueda generar una consecuencia penal.
“Algunos (fueron acusados) porque lo que ellos registraron ante la Delegación, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial fue diverso a sus planos, con diversa metodología.
“Por lo que registrar la elaboración de una construcción diferente a la que se está realizando, es motivo de delito y transgresión de la ley”, indicó.
En el caso de Edimburgo 4, colapsado en la Colonia Del Valle y donde murieron 13 personas, fue enviada al ejercicio de no acción penal, es decir, no se procedió contra nadie, pues argumentaron que la obra fue edificada en 1980, cuando no existía ningún delito contra los directores responsables de obra.
Sin embargo, sí quedó asentado en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ/2/IU-1C/D/1368/09-2017 que el edificio tenía una técnica de construcción que no se utiliza en México.
“Los niveles del 1 al 8 estaban estructurados con muros de carga de mampostería confinada y lozas macizas de concreto reforzado.
“En México no se realizan edificios estructurados con muros de carga de mampostería de cinco niveles, al sobrepasar esta recomendación el esfuerzo sísmico comienza a ser muy significativo en los primeros niveles, en función de la poca resistencia tensión de las piezas de mampostería y juntas de mortero”, concluye la carpeta.
En cuanto a la atención de las víctimas, el subprocurador señaló que, además de dispensar las necropsias, como ayuda para las familias, también se crearon células multidisciplinarias.
Estos equipos incluían la atención de abogados de oficio y psicólogos, los cuales se encargaron de dar asesoría y finalizaban con la entrega del acta de defunción y, en algunos casos, del servicio funerario.
Sin embargo, Martín, esposo e hijo de las dos mujeres que murieron en Zapata 56, argumenta que la atención psicológica que le ha brindado la PGJ no ha sido suficiente.
“Las citas eran cada mes y a mis hijos no se les dio atención para niños. Perdieron a su madre y a su abuela y, hasta hoy, nosotros solos hemos superado la tragedia”, dijo Martín.

Cristina Hernández y Ariadna Lobo
Agencia Reforma