Que el director de Comunicación Social del Congreso local, Alfredo Dávalos Moreno, se metió en un problema serio por decirle “sí” a su jefe en todo, pues, sin importarle que su cargo debe ser apartidista, firmó como responsable de un desplegado pagado por el grupo Universidad en una revista a nivel nacional para acusar al gobernador de querer engañar al presidente. Esto, dicen, le costará un pronunciamiento en el cual se pedirá su renuncia, pues ni entre los morenistas están de acuerdo con el desplegado, que para los legisladores debió firmarse a nombre de Gerardo Sosa y los diputados que lo siguen. Otra pregunta que muchos no hacemos: ¿el desplegado se pagó con recursos de Morena o con dinero del Congreso del estado?

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Que el presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, reprendió de manera severa a Damián Sosa y a Ricardo Baptista, quien a pesar de sus esfuerzos nomás no pudieron boicotear la participación del gobernador Omar Fayad durante el evento del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, que se llevó a cabo en Tula.

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Que las decisiones más importantes en Alfayucan no las toma el alcalde Toribio Ramírez, quien ocupa la alcaldía desde hace tres años, sino su primo, el exedil Honorio Ramírez, quien mete la mano en todas las áreas gracias al nombramiento de superasesor que recibió desde el principio de la administración municipal.  Los alfajayuquenses dicen que Honorio aprovechará su influencia política para buscar la candidatura del PRI el próximo año.

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Que, como se adelantó en Criterio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se convertirá en mediadora en el conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca y la alcaldía, luego de que la huelga de sindicalizados se ha extendido por más de un mes.

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Que, de nueva cuenta, le corregirán la plana al presidente del Congreso local, Ricardo Baptista, quien acusó al gobierno estatal de ignorar los pronunciamientos que realiza su bancada. El legislador olvidó que todo lleva un proceso y los exhortos que han aprobado en los últimos meses aun no llegan al Ejecutivo por las vías legales, es decir, las comunicaciones entre poderes, mismos que se ven reflejados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.