Sin estar facultadas, dependencias como la Marina y la SCT o institutos electorales como el de la Ciudad de México y Oaxaca, han requerido a telefonías la entrega de datos de usuarios, señala un informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

De acuerdo con el reporte “¿Quién no defiende tus datos?”, en el que advierte violaciones al derecho a la privacidad y protección de datos personales, una de cada tres autoridades que obtuvo información sobre usuarios de celulares entre 2016 y 2017, no estaban autorizadas para ello o se desconoce su identidad.

El documento expone que en dicho periodo, concesionarios de telecomunicaciones recibieron 146 mil 532 solicitudes de acceso a datos de usuarios como su localización geográfica, los números con los que sostuvieron llamadas telefónicas y conversaciones mediante mensaje de texto, entre otros.

Del total, indica, 138 mil 190 peticiones fueron atendidas, pero de éstas, 40 mil 839 respuestas se hicieron llegar a dependencias de gobierno federal o estatal, o a instituciones indeterminadas no autorizadas para solicitar la información.

Según la organización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2016 que las autoridades competentes para solicitar la vigilancia celular son la Procuraduría General de la República, sus homólogas estatales, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“La entrega de datos conservados o localización geográfica a autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia pone en peligro la privacidad y seguridad de las y los usuarios de servicios de telecomunicaciones y representa una violación a la legislación mexicana en la materia”, indica el informe de la R3D.

En el documento, la organización señala también a las Policías de Chiapas y Yucatán, así como juzgados como el Tercero Familiar de Morelia, Michoacán, como otras instancias no autorizadas.

En 26 mil 350 casos, expone, los datos de los usuarios fueron entregados a autoridades indeterminadas, reportadas por los concesionarios en los informes semestrales de 2016 y 2017 que entregaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con los nombres de “otros”, “otras” y “otros diversos”.

La organización criticó que pese a la obligación del IFT de hacer públicos los informes semestrales de las empresas sobre colaboración en materia de seguridad, esa información la tuvo que obtener mediante solicitudes de transparencia.

Además de que en abril pasado el IFT eliminó dichas obligaciones.

“Favoreciendo así la opacidad e incrementando el riesgo de invasiones ilegítimas en la privacidad de las y los usuarios”.

César Martínez
Agencia Reforma