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Acusan retraso en protección para víctimas

Hidalgo es una de las entidades con atraso en la implementación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pese a que la ley general data de 2014 y la reforma más reciente de 2017.

De acuerdo con Juan Carlos Lozada, integrante del colectivo Juntos por Hidalgo, desde hace cuatro años los gobiernos tienen la obligación de conformar su sistema estatal de víctimas, pero no existen avances.

La organización, dijo, surgió tras la desaparición de su padre, quien no ha sido localizado desde febrero de 2009.

Según el activista, el escenario social en el estado y el país obliga a las autoridades a garantizar la atención integral de los afectados por un delito, así como a sus familiares cercanos, pues por cada agredido “hay tres o cuatro personas más impactadas, quienes requieren atención”, dijo.

“Las cifras no mienten, son cifras que no están inventadas por asociaciones ni por los colectivos, son cifras que han salido a nivel nacional”, señaló en relación con las estadísticas que mensualmente publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, pidió tomar en cuenta a aquellos que no acuden al Ministerio Público por miedo o para evitar ser revictimizados; es decir, los números negros.

“Por más que digan que todo está bien, las cifras no mienten. Y no es que yo quiera adjudicarle un problema al gobierno, porque luego culpan a los activistas de que nos queremos agarrar de algo para fama, cuando lo que estamos es luchando porque tenemos la necesidad, luchando por nuestro derecho de sobrevivencia”.

Puntualizó que la Ley General de Víctimas permitiría abrir un registro estatal de las mismas, pues se conocen los ilícitos denunciados, pero no se contabilizan los afectados.

“Ahí está la mamá que está buscando a su hijo, el hermano que busca a su primo (sic), quienes mantienen esta búsqueda por necesidad, no por gusto de ir a perder el tiempo en oficinas de gobierno”.

El 14 de febrero, el diputado Miguel Ángel de la Fuente López, de Movimiento Ciudadano, solicitó, mediante una propuesta de exhorto, que el Poder Ejecutivo del estado conforme el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Recordó que entre 2016 y 2017 el número de delitos aumentó 32 por ciento, pues el año pasado cerró con 43 mil 919, lo que representa 10 mil más que el periodo anterior. El documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso local.

  • La Ley General de Víctimas distingue entre víctimas directas e indirectas (familiares y personas que tengan una relación inmediata). Garantiza ayuda y trato humanitario.
  • objetivo del Sistema Nacional de Víctimas: encargado de supervisar programas de atención; la CEAV, que fungirá como ente de vigilancia, y un Órgano de Asesoría Jurídica.
  • Integra un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a fin de contar con los recursos necesarios para garantizar la concreción de las acciones previstas en la ley.

Emmanuel Rincón I Pachuca

 

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