A los seis elementos de la Policía Municipal de Amozoc los mataron por denunciar que un mando protegía a huachicoleros, aseguraron sus familiares.
Félix Rojas, papá de Leidi Laura, lamentó que su crimen haya sido una venganza por la denuncia que presentó ella y sus compañeros ante la Contraloría local.
“Cuando supo que el comandante Javier andaba en malos pasos, dio la queja, ella y otros compañeros”, reveló.
Familiares de Martín Estudillo prefirieron, por seguridad, no emitir ninguna postura.
Insistieron en que, como fue un asesinato por venganza, otros de los integrantes de la familia pudieran ser agredidos por dar una opinión.
Leidi Laura Rojas, quien tenía 30 años de edad y dejó dos hijos de 12 y 1 año 9 meses de edad, temía por su vida, aseguró Don Félix.
“Ella nunca me dijo, pero se veía temerosa, porque me pidió que si le pasaba algo que me encargara de sus hijos, que nadie más, ni sus hermanos ni nada”, externó.
El pasado viernes, Laura Rojas y cinco policías más fueron ejecutados por huachicoleros cuando los sorprendieron al robar gas LP en inmediaciones de la colonia Signoret, perteneciente a la junta auxiliar de San Miguel Espejo, a unos metros de la autopista Puebla-Orizaba.
Por los hechos, el comandante Alfredo C. y el comisario de la Policía Municipal de Amozoc, Javier R., fueron detenidos junto con dos civiles.
Ayer, en la audiencia de control de detención, el juez calificó como legal la detención de los dos ex mandos policiales y dictó prisión preventiva, por lo que fueron recluidos en el Penal de San Miguel.
Ambos fueron imputados por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, espionaje contra las instituciones de Seguridad Pública y cohecho.
En la audiencia se confirmó que dos de los policías asesinados el viernes y otros tres oficiales habían denunciado irregularidades de los mandos ante la Contraloría.
Según las quejas, los policías encontraron en varias ocasiones a sujetos con pipas extrayendo combustible y, cuando pedían apoyo para proceder, los mandos les ordenaban retirarse del lugar, además los delincuentes aseguraban que tanto el comisario y comandante ya sabían del asunto.
En tanto, Eduardo N., uno de los civiles detenidos, fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y espionaje contra las instituciones de Seguridad Pública.
Según el Ministerio Público, laboraba como halcón de ladrones de combustible a cambio de 250 pesos.
El menor que acompañaba a Eduardo fue dejado en libertad debido a que las autoridades no presentaron al detenido en el tiempo que marca la ley.
Staff
Agencia Reforma
