Alcaldía puso en riesgo vida de Olayet: CDHEH
 
Hace (63) meses
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El ayuntamiento de Pachuca vulneró el derecho de Olayet Cabrera Carranco –quien desapareció el 29 de junio y fue hallada sin vida 19 días después– a contar con las condiciones de seguridad necesarias en su trabajo y puso en riesgo su integridad, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) en la recomendación R-V G-0004-18, emitida ayer.

Omisiones, revictimización, atención y denuncia inoportuna, además de uso discrecional de las evidencias, son algunas acciones que detectó el organismo autónomo por parte de la alcaldía, tras la no localización de la empleada, cuando trasladaba 300 mil pesos de la nómina a la presidencia municipal, y quien, posteriormente, fue encontrada en Metztitlán sin vida.

De acuerdo con el expediente CDHEH-VG-1589-18, que dio origen a la recomendación contra la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, las autoridades incurrieron en actos que derivaron en inseguridad para la mujer, lo que trajo como consecuencia su deceso.

Actualmente, señala la comisión, el gobierno local emitió un oficio en el que informa que el dinero solo se entregará al coordinador administrativo de la Secretaría de la Tesorería Municipal.

“Si bien ya no van las otras dos personas que también estaban designadas en un oficio, sigue yendo una persona por el dinero, con un consiguiente riesgo”, señala el ente.

El riesgo, argumenta, es innecesario, “si se toma en cuenta que, con la evolución de los sistemas financieros y buscando el mayor beneficio para la población, se debe evitar en lo posible el uso de efectivo y privilegiar los medios electrónicos de pagos”.

Respecto de la negativa del sindicato de recibir su pago por transferencia electrónica, la CDHEH recordó que el ayuntamiento cuenta con el mando de la policía municipal y que, en su defecto, debe contratar un servicio de traslado de valores.

Tras realizar entrevistas y analizar pruebas, el organismo aseguró que el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca de Soto, Rafael Hernández, recibió la llamada de apoyo a las 14:06 horas para localizar a “una compañera”, tres horas después de la desaparición de Cabrera Carranco. Fue su jefa inmediata quien acudió a la procuraduría a levantar la denuncia correspondiente el 29 de junio a las 18:00 horas, seis horas después de su desaparición.

Además, el secretario de Seguridad municipal revictimizó a Cabrera porque declaró ante los medios que la trabajadora no tomó la ruta correspondiente cuando portaba la nómina para los sindicalizados, con lo cual la responsabilizó de su propia muerte.

Incluso, según el expediente, Daniel Reyes Rivero, entonces contralor del ayuntamiento, tenía en su celular una fotografía de una empleada indiciada como probable responsable del asesinato de Cabrera Carranco, tomada del video de seguridad, la cual distribuyó en grupos de WhatsApp para identificarla, aun cuando agentes investigadores de la PGJEH le informaron que esa era una posible línea de investigación.

  • El ombudsman Alejandro Habib Nicolás aclaró que la CDHEH no puede emitir una recomendación al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), que rechaza el pago vía tarjeta bancaria
  • Lo anterior, sostuvo, porque el ente es autónomo y las recomendaciones de la CDHEH se dirigen al actuar de los servidores públicos. “Nosotros no podríamos dirigir una recomendación al sindicato, porque no es una autoridad”

RECOMENDACIÓN

Primero: Instrumentar mecanismos eficaces para que los pagos a los servidores públicos de la alcaldía se realicen en forma electrónica o se contrate un servicio especializado en traslado de valores y, en caso de que personal administrativo tenga que trasladarlos, invariablemente sea custodiado por personal policiaco y se tomen todas las medidas de seguridad

Segundo: Evitar que cualquier servidor público que dependa de ese ayuntamiento realice declaraciones que revictimizen a la agraviada

Tercero: Realizar de forma inmediata las denuncias que correspondan cuando se advierta la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito en los que puedan ser víctimas los funcionarios del gobierno local

 

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