Pablo Vargas González, politólogo e integrante de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos (Acaderh), consideró que la postulación de regidores, síndicos y alcaldes en funciones por otro puesto para el proceso electoral 2019-2020 es un desatino, pues fomentaría prácticas como la perpetuación de familias en un Cabildo, además de que los actuales ediles tendrían ventaja sobre sus contendientes por el manejo de recursos.

El también activista detalló que la decisión de los magistrados electorales del estado —quienes revocaron parcialmente el acuerdo IEEH/CG/018/2019— no es acertada, pues lo ideal sería realizar una reforma a la Constitución Política local, bien elaborada, que se discuta, contenga candados y contemple diferentes posibilidades.

Actualmente, la máxima norma de Hidalgo plantea que los integrantes del Cabildo de un ayuntamiento, emanados de las urnas por voto directo, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

“La reforma la deben hacer los diputados. Por ejemplo, un alcalde ya no podrá participar como presidente municipal, pero sí como síndico. Esto se puede hacer durante varios periodos, es una transgresión a la Constitución local, una mala enmienda”, expresó el también integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas.

“Es una interpretación inadecuada porque se configura una reelección. Lo que se tiene que hacer es una reforma bien elaborada y precisa, para evitar que los políticos abusen de sus cargos y quieran permanecer en el poder”, insistió.

Vargas González dijo que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) abre la puerta a que algunas familias se sigan perpetuando en cargos públicos —situación que sucede en municipios de la Sierra, Huasteca y otras regiones— porque podrán ser regidores y luego alcaldes o síndicos.

Agregó que también se fomentaría una inequidad en las contiendas, pues los actuales ediles podrían hacer uso de los recursos del municipio para favorecerse con los votos.

Marisol Flores | Pachuca