El ombudsman estatal, Alejandro Habib Nicolás, avaló la transgresión de las garantías de los pueblos indígenas a ser tomados en cuenta al no promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma político-electoral —publicada el 9 de septiembre pasado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH)—, aseveró Arturo Copca Becerra, uno de los activistas que pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ejercer dicha facultad.

“La solicitud no era porque se considerara que el contenido de la reforma fuera malo o bueno, solo se pedía el respeto al derecho humano que tenemos las personas indígenas para ser consultadas y que no se sigan tomando decisiones por nosotros como si fuéramos personas carentes de razón que necesitan ser cuidadas”, dijo Copca Becerra en entrevista con Criterio.

El jueves pasado, a través de un comunicado, la CDHEH dio a conocer que no ejercerá su facultad de interponer escrito de demanda de inconstitucionalidad, esto, a pesar de que organizaciones de la sociedad civil pidieron al organismo público autónomo que analizara las modificaciones al Código Electoral aprobadas en el Congreso de Hidalgo tras argumentar que no se preguntó de forma adecuada a pueblos y comunidades originarias.

Copca Becerra, Eric Téllez Hernández, Saúl Marín Lugo, Martín García López y Yahir Flores Cisneros solicitaron a la comisión, en un escrito fechado el 13 de septiembre, promover dicha apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de dejar sin efecto el artículo 295, fracciones A la X, del decreto 203, que contiene la reforma, pues argumentaron que esta contiene vicios y defectos en el proceso de consulta, ya que no se realizó en todas las comunidades, sino mediante asambleas en Ixmiquilpan, Zimapán, Tenango de Doria –donde no se concretó por protestas—, Tulancingo, Molango, Huejutla y Tepeji del Río.

Marisol Flores I Pachuca

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