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Realiza SSP operativo en la cárcel distrital de Tizayuca

CNDH: sin cerrar, 3 cárceles distritales

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que Hidalgo no ha dado cumplimento al cierre de tres cárceles distritales, que en 2016 —tras la recomendación 28— consideró no aptas para la reinserción social, por lo que continuará con un monitoreo para que los reos que habitan en estos sitios sean trasladados a los Centros de Readaptación Social (Cereso).

Lo anterior, de acuerdo con el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos penitenciaros 2001-2017, que presentó ayer el organismo autónomo federal.

Las CDNH señala que dichos espacios no pueden albergar una gran cantidad de personas por tiempos prolongados, pues fueron creados para arrestos administrativos, cuya duración máxima es de 36 horas.

El documento refiere que, en la observación 28/2016 —denominada Sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana—, se halló que había cinco penales en función en la entidad en condiciones no aptas, de los cuales, hasta ayer, estaban activos tres.

Según datos del ente homólogo estatal (CDHEH), ese año en Zimapán, Metztitlán, Atotonilco el Grande, Tizayuca y Zacualtipán había reclusorios distritales en los que las personas sentenciadas compurgaban sus penas. Los dos primeros cerraron tras la recomendación.

No obstante, durante el primer semestre de 2019, operaban los tres restantes, según la comisión. Hasta ayer, el gobierno de Hidalgo no había informado sobre el cese de estas cárceles, señala el estudio.

En 2016, la CNDH halló que, entre otros, los problemas en dichos sitios de encierro eran la falta de espacios para dormir y recibir visitas, condiciones de higiene y mantenimiento deficientes, carencia de servicios médicos y medicinas, incapacidad de proporcionar alimentos a los reclusos, ausencia de separación entre los arrestados por infracciones administrativas e inculpados penalmente, así como el déficit de reglamentos internos y protocolos para atender incidencias de violencia.

Marisol Flores | Pachuca

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