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Con matrimonio igualitario Congreso salda deuda, dice activista

La aprobación del matrimonio igualitario en Hidalgo, avalado ayer, es una deuda que tenía el Poder Legislativo con la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), afirmó la abogada Yolanda Molina Reyes, quien encabezó una lucha en tribunales por el reconocimiento de este derecho.

Recordó que la organización México Igualitario, a la cual pertenece, planteó la iniciativa a la LXIII Legislatura; sin embargo, hasta LXIV se llevó al pleno del Congreso local, a través de la propuesta de la diputada Areli Miranda Ayala, presentada el 9 de octubre de 2018.

Previamente, la agrupación logró la unión legal de cinco parejas homosexuales mediante amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Creemos que el trabajo de México Igualitario ha influenciado, por ejemplo, en la sentencia que emitió la Corte de prelación de apellidos (que excluía a parejas LGBTTTI). Es de un caso que acompañamos en Aguascalientes. La trascendencia tiene un impacto positivo y lo tomaron en cuenta para regresar con comentarios (la reforma a la ley de la familia de Hidalgo).

“La diputada que presentó la iniciativa (de matrimonio igualitario) lo hizo cuando se cumplían dos años del primer matrimonio gay en Hidalgo, y la iniciativa retoma el caso que llevamos a la Corte, que es el caso de Hidalgo”, expresó.

En agosto de 2014, la abogada interpuso un amparo ante la SCJN contra los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo por ser discriminatorios para las parejas del mismo sexo, pues señalaba que la unión conyugal solo es entre personas de diferentes sexos, con el fin de procrear.

Posteriormente, una jurisprudencia emitida en 2015 acortó los tiempos de resolución de los recursos legales, pues los solicitantes tenían que esperar hasta dos años.

El 29 de septiembre de 2016, la Primera Sala de la Corte determinó que los tres artículos controvertidos de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo eran inconstitucionales por ser discriminatorios.

Marisol Flores I Pachuca

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