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Dan a los cuates más de 120 mdp en Tula

En 15 meses el ayuntamiento de Tula de Allende, a cargo del priista Ismael Gadoth Tapia Benítez, ejecutó 106 proyectos, pero solo licitó un par

 

La opacidad y el mal manejo de las páginas de transparencia se volvieron una constante tras la entrega del reportaje Cimientos de Corrupción, que esta vez analiza la forma en que la alcaldía de Tula, a cargo de Gadoth Tapia Benítez, entrega obra pública a terceros.

Luego de seis meses de escudriñar entre los portales de transparencia del ayuntamiento y del Sipot, Criterio encontró la existencia de 73 obras, de las cuales se cuentan con contratos y documentos del proceso de licitación. En una primera instancia, vía petición de información, el municipio dio a conocer sobre la existencia de 122 obras.

Hasta hace unos días, la -Unidad de Investigación de Criterio insistió ante la Unidad de Transparencia de Tula para la localización de los 49 contratos restantes, sin obtener respuesta.

Fue tras una entrevista con Amador Falcón Sandoval, director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Catastro del ayuntamiento, cuando se conoció que únicamente se entregaron 106 obras, además de 117 realizadas por el ayuntamiento.

Según el funcionario, la inconsistencia en los datos se pudo deber a una confusión, pero aseguró que, de esas 106 obras entregadas a tercero, solo dos fueron licitadas, mientras que 96 se adjudicaron de manera directa y las ocho restantes se ofrecieron tras la invitación a por lo menos tres personas. Tras la entrevista, realizada en Pachuca el viernes 27 de julio, el ayuntamiento puntualizó montos; sin embargo, la Unidad de Investigación de Criterio aún no cuenta con los 33 contratos restantes, los cuales no han sido  analizados.

Esta entrega se suma a las anteriores: Mineral de la Reforma, Tulancingo, Huejutla de Reyes e Ixmiquilpan.

 

Área de Investigación

Del 5 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017 la administración de Tula de Allende tiene un acumulado de 106 obras ejecutadas por 122 millones 46 mil pesos, de las que solamente licitó dos.

Los resultados indican que el 90.5 por ciento de adjudicaciones –96 contratos– se entregó de manera directa durante la administración del presidente municipal Ismael Gadoth Ta-pia Benítez.

La Unidad de Investigación de Criterio constató la información con base en los datos que proporcionó Amador Falcón Sandoval, director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Catastro de ese municipio.

De las 106 obras ejecutadas –con un monto total de 122 millones 46 mil pesos–, ocho fueron entregadas por invitación a cuando menos tres personas.

Las obras fueron adjudicadas a 25 empresas: 21 originarias de Hidalgo, dos de Puebla, una del Estado de México y otra de la Ciudad de México.

Criterio buscó vía Transpa-rencia y mediante el ayuntamiento desde enero de 2018, el número total de obras realizadas de septiembre entre 2016 y diciembre de 2017, y sus contratos.

Vía Transparencia, el ayuntamiento informó sobre la existencia de 122 obras, sin entregar mayores datos; Criterio solo tuvo acceso a 73 contratos, mismos que se encuentran en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) y en la página web de la Unidad de Transparecia de Tula.

Tras una entrevista realizada a Falcón Sandoval, el funcionario proporcionó más documentos y datos al Área de Investigación de Criterio, e informó que únicamente se llevaron a cabo 106.

EL FAVORITO

Los procedimientos de operación estipulan que los contratos asignados directamente no permiten competencia entre proveedores. Esto ha sido aprovechado por el gobierno de Tapia Benítez para beneficiar a unos cuantos; un ejemplo es el contratista Gabriel González Bonilla, quien fue beneficiado hasta 19 ocasiones. Dicho proveedor, proveniente de Puebla, formó parte de una lista negra de constructores, emitida en agosto de 2017, según consta en documentos periodísticos de dicho estado.

Según lo explicado por el titular de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Catastro de Tula de Allende, el contratista Gabriel González Bonilla es de los pocos que tienen una clave de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar a cabo ampliaciones de electrificación. “En su momento, a principios de 2017, solamente traíamos a dos personas y él (González Bonilla) fue uno de los seleccionados”, comentó Falcón Sandoval.

El funcionario municipal afirmó a Criterio que tras la entrevista pidió al empresario una constacia de no inhabilitación, en el estado de Puebla, para poder desempeñarse en el oficio de la construcción. Así consta en el documento con folio 20180727015237, fechado el 28 de julio de 2018, el cual está por resolver la Contraloría de dicha entidad.

Por asignación directa, González Bonilla ha recibido cerca de 11 millones de pesos por parte del gobierno del priista Gadoth Tapia, monto que Falcón Sandoval justifica por la ejecución de obras de la CFE.

Aunque la ley no impide que un solo contratista se lleve directamente los proyectos, estos le fueron entregados sin concurso de por medio.

Además, González Bonilla obtuvo mediante adjudicación directa la construcción de un camellón para la carretera Iturbe-Teocalco, el cual superó los dos millones de pesos, según el contrato
PMT-OP-17-2017.

Su domicilio, registrado en el Padrón de Contratistas y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo –de la Secretaría de Contraloría estatal–, está ubicado en la avenida 5 de Mayo, en Xicotepec, una zona semipoblada de Puebla.

En una situación similar se encuentra Mapri Servicios Industriales SA de CV, que cuenta con dos adjudicaciones directas en las que le fueron otorgados más de 15 millones de pesos para la pavimentación hidráulica en dos calles.

Falcón Sandoval justificó que este proyecto fue hecho con el Fondo Regional 2016 y que está dentro de la normatividad. Con el contrato PMT-OP-42-2016, se especifica que la millonaria obra fue la pavimentación hidráulica del camino a El Huerto-San Andrés Tultepec.

Otra de las empresas favorecidas por Tapia Benítez es Hermajody SA de CV, que tiene tres adjudicaciones directas por 6 millones 294 mil pesos y cuatro invitaciones a cuando menos tres personas por 2 millones 892 mil.

El corporativo, con más de 2 millones de pesos, fue contratado para llevar a cabo la ampliación de red de drenaje sanitario, como lo estipulan los contratos PMT-OP-52/2017, PMT-OP-53/2017 y PMT-OP-54/2017.

También está registrado Andrés Rivera Rosales, con el documento PMT-OP-52/2016, por un monto de 982 mil pesos, el cual especifica que estuvo a cargo de la rehabilitación de un pozo en Santa María Ilucan.

Además, solo dos obras han sido licitadas en lo que va del gobierno de Tapia Benítez, las cuales corresponden a los contratos PMT-OP-38/2016 y PMT-OP-44/2016, relacionados con la ampliación eléctrica de la calle Francisco I. Madero y la rehabilitación de línea de conducción del pozo 5 de Mayo. Nicolás Torres España y Claudia Daniela Islas Bárcenas son los contratistas registrados en esas obras que superaron, en conjunto, los 2 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con Falcón Sandoval, “todos los procedimientos se llevaron en estricto apego a la Ley de Obra Pública y su propio reglamento estatal y federal, el presupuesto de egresos del estado y la federación, así como los programas sociales que se aplican en Tula”.


El funcionario dijo a Criterio que del 5 de septiembre 2016 al 31 de diciembre de 2017 la administración municipal ha llevado a cabo un total de 258 obras y acciones.

“De esas 258 obras hemos ejecutado 152 por administración municipal, trabajamos de la mano con el delegado y con el comité de obra”, agregó.

“Estamos obligados cada tres meses a reportar, pero a veces he tenido que rescindir algunos contratos y debo de llevar el consecutivo, porque de lo contrario lo observaría la auditoría”, dijo.

“De acuerdo a la normatividad, debí haber licitado legalmente; nos pega que los recursos extraordinarios nos demoran hasta 30 días y no es factible realizar esos procedimientos a finales de año”, indicó.

Cuestionado sobre quién decide a quién le van a ser adjudicadas las obras sin concursar, Falcón Sandoval afirmó que el Comité de Obra Pública (integrado por un secretario municipal, la tesorera, el contralor, el oficial mayor, el director de planeación, el jurídico y el director de Obras Públicas) es el que determina.

“Para el caso de normatividad estatal todas las empresas deben de traer su inscripción en el Padrón de Contratistas de Gobierno del Estado de Hidalgo; al reverso traen las claves de obra de cada empresa con la que deben de participar”.

En cuanto al desfase de información en los portales de transparencia donde solamente se pueden consultar 73 obras, el directivo afirmó que podría deberse a una confusión en cuanto a los datos que se manejan por obra de administración que trae un número consecutivo. “Yo hago lo propio”, dijo.

Amador Falcón afirmó que las dos adjudicaciones directas a Mapri Servicios Industriales SA de CV fueron hechas con el Fondo por Región 2016, razón por la que le fueron otorgados más de 15 millones de pesos para la pavimentación hidráulica en dos calles, pues el tiempo no les permitía licitarlas.

Con respecto a los domicilios que no pudieron ser verificados por la Unidad de Investigación de Criterio, el funcionario municipal indicó que cuenta con los contactos y teléfonos para poder visitar los domicilios de los corporativos.

 

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