El cierre de la investigación complementaria del juicio por el asesinato de Olayet Cabrera Carranco se reajustó para el 26 de febrero, luego de que la defensa de los deudos de la trabajadora municipal solicitó una audiencia para la admisión de un acto de investigación, consistente en acceder a datos de las líneas telefónicas de los imputados.
Durante el encuentro celebrado ayer, la jueza Sissi Anette Rodríguez se declaró incompetente para resolver la acción, pues se pretende requerir la información de los dispositivos de L. H. H., excompañera de trabajo de la fallecida, y su cónyuge E. C. L. I., por lo que determinó ampliar un mes el plazo de las indagatorias, que concluyó el 26 de enero, con la finalidad de que la defensoría de la familia de la víctima realice una vez más el trámite ante la fiscalía y sea un juez federal quien determine si se acepta.
Los abogados de la extrabajadora del ayuntamiento de Pachuca —encontrada sin vida el 18 de julio de 2018, dos semanas y media después de su desaparición— tendrán tres días para ingresar la petición, indicó Anette Rodríguez.
La jueza especificó que este emplazamiento únicamente es para volver a realizar el trámite y no para aceptar más solicitudes de investigación; esto, con el fin de no dilatar más el juicio y evitar vulnerar los derechos de los imputados —quienes tienen prisión preventiva como medida cautelar— ni los de la familia de la víctima.
Oscar Mora, abogado de la familia de Olayet, recordó en la audiencia las fechas en las que el juez federal rechazó las solicitudes: 25 de octubre y 8 de noviembre de 2018, así como el 7 de febrero; esta última fue ingresada un día antes de que concluyera el periodo de investigación.
En entrevista con Criterio, el jurista explicó que, debido a que los datos de las líneas telefónicas que requieren es información confidencial, solo un juez federal puede autorizar el acceso a ellos.
JUICIO
- H. H. y su cónyuge E. C. L. I., imputados por el asesinato de Cabrera Carranco, fueron vinculados a proceso el 26 de agosto de 2018 por presunta coautoría en el crimen
Asimismo, son procesados por el supuesto robo, en agravio del ayuntamiento capitalino, de 357 mil 220 pesos, correspondientes a la nómina de personal sindicalizado
Durante la audiencia del 31 de enero, el ministerio público solicitó las penas máximas por ambos delitos: 40 años por el primero y 10 por el segundo
Giovanny Flores | Pachuca
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