El abogado Raúl López Aguirre inició la carpeta de investigación NUC- 122019- 13105 contra los magistrados que integran la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH) por delitos cometidos por servidores públicos.
Los juristas denunciados son Hortencia Ramírez Ramírez, José Manning Bustamante y Eduardo Castillo del Ángel, quienes avalaron que existía una sucesión testamentaria a favor de un particular, llamado Agustín Miguel Soberanes Escorcia, sobre un inmueble que desde el 2011 es propiedad del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En entrevista, el litigante, quien lleva el caso, detalló que interpuso la querella el 21 de septiembre, a pesar que el juez segundo de lo civil de Pachuca desechó el asunto debido a que el juicio sobre el testamento de una construcción ubicada en el fraccionamiento Constitución se resolvió hace ocho años.
Aseguró que el asunto de la disputa son tres locales comerciales, identificados con los números 9, 10 y 11.
El dueño de los establecimientos, agregó, era Lucio Aguilar Téllez. Luego de que este falleciera en 2011, su albacea y heredera vendió a López Aguirre dos de los comercios ese mismo año, los cuales se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en el libro 2 de la sección 1, con el número 121828.
En tanto, el local identificado con el número 11 fue adjudicado el 10 de junio de 2011 al gobierno federal mediante el expediente L-87652, según consta en el oficio 400-46-00-03-01-2011, que Criterio tuvo a la vista y que es objeto
de controversia.
Pese a que se presentaron estos documentos, indicó el quejoso, los magistrados no tomaron en cuenta la información y señalaron que existía la sucesión testamentaria, la cual, reiteró, se “extinguió” desde hace ocho años.
Agregó que los integrantes del TSJH no fundamentaron en su resolución por qué debe de seguir este reparto de bienes, por lo que inició la denuncia por los hechos que se encuentran previstos en el Código Penal, artículo 355, fracción V.
El apartado señala que se sancionaría al funcionario de la procuración de justicia que no justifique porque, si tiene documentos que demuestran un dicho, dicta en contra.
La sala civil se equivicó, afirmó el litigante
- Según López Aguirre, existen documentos que ponen en evidencia la equivocación de los miembros de la sala
- “No se trata de un error de interpretación, hay un asunto de intereses. No podemos seguir con este sistema de impartición de justicia, que privilegia intereses poco claros”, recriminó
Marisol Flores l Pachuca
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