Pese a que integrantes de organizaciones civiles y mujeres afines al movimiento Marea Verde ingresaron el 26 de noviembre un escrito al Congreso estatal en el que solicitan impulsar acciones para que en Hidalgo se tenga acceso al aborto legal, gratuito y seguro, las mesas y el trabajo legislativo se pospusieron para el siguiente año.

“Por el tema del presupuesto (2019, estudio y aprobación) fue que lo decidieron aplazar”, afirmó Bertha Miranda, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Hidalgo),

En un escrito, las activistas reconocen en la reforma de derechos humanos de 2011 un avance en la materia, como la promoción y garantía desde ámbitos legales y de la salud; no obstante, aseguran que a las mujeres las siguen criminalizando por interrumpir su embarazo, condición que orilla a quienes no pueden trasladarse a la Ciudad de México, entidad en el que está despenalizado, a interrumpir la gestación en la clandestinidad y en condiciones insalubres.

“Durante 2018, el Estado mexicano ha sido sometido a distintas evaluaciones por organismos de las Naciones Unidas (ONU) para examinar la situación de los derechos humanos; en materia de interrupción del embarazo señalan que la negativa de acceso al aborto legal y seguro constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres”, señalan.

En Hidalgo solo hay cuatro causales que permiten la interrupción de la gestación: violación, pérdida por conducta culposa de la mujer, que la vida de ella esté en riesgo y alteraciones genéticas del producto; argumentan que, aún cuando se recurra a estas causales, no se garantiza el derecho.

Por ello, piden a los legisladores locales convocar a mesas de trabajo.

Marisol Flores l Pachuca