Los guatemaltecos votarán el domingo bajo la sombra de la corrupción.

En las elecciones para escoger al reemplazo del presidente Jimmy Morales, cuyo mandato estuvo marcado por la ofensiva contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), la candidata que encabeza la intención de voto es Sandra Torres, señalada en un caso de financiamiento electoral ilícito en 2015.

La líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exprimera dama en el gobierno de Álvaro Colom consiguió su candidatura y, con ello, su inmunidad, un día antes de que el Ministerio Público presentara la denuncia en su contra.

“Sí existe la sensación de que hay una connivencia con las autoridades para no afectar la autoridad de Torres”, señaló a Reforma Marvin Flores, analista y coordinador de proyectos de la organización guatemalteca Acción Ciudadana.
Sin embargo, los casos de corrupción en los que está, presuntamente, implicada no tuvieron un efecto negativo en la intención de voto, que llegaba hasta el 20.2 por ciento, según la última encuesta de Prensa Libre.

“Por desgracia, en el caso de Torres, su acusación no le afecta mucho electoralmente porque tiene el voto del área rural de personas que se beneficiaron de programas sociales cuando fue primera dama. El voto está dividido entre estos grupos que no se preocupan tanto por temas de corrupción y los de las zonas urbanas”,
indicó Flores.

El candidato que pasaría con la líder de UNE a una posible segunda vuelta es Alejandro Giammattei, con el 14.4 por ciento de la intención de voto.

Del partido Vamos, el político estuvo involucrado en el caso Pavo Real por los asesinatos extrajudiciales de varios convictos durante un operativo para recuperar el control de cárceles del país, controladas por reos desde finales de los 80.

Giammattei, entonces director del Sistema Penitenciario, estuvo encarcelado 10 meses en 2008 por esta trama, pero finalmente fue absuelto.

Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos ha manifestado interés porque la Cicig regrese al país, luego de que el presidente Morales pusiera fin al convenio.

Al clima de corrupción se suman las amenazas que llevaron al jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, Óscar Schaad, a dejar el cargo temporalmente días antes de los comicios.

Mónica Redondo I Agencia Reforma