El gasoducto Guaymas-El Oro, ubicado en Sonora y Sinaloa, lleva dos años a la espera de un peritaje en antropología sobre los usos y costumbres de los yaquis, uno de los pueblos que se oponen a su operación.

Fuentes cercanas al caso detallaron que el juicio radica en el Juzgado Séptimo de Distrito de Sonora, donde se otorgó la suspensión a la comunidad inconforme, y sin este peritaje, a cargo del juez, no se puede desahogar la audiencia.

El peritaje constitucional está previsto para realizarse el próximo 29 de junio, pero la fecha podría cambiar, comentaron.

Esta revisión permitiría decidir cuál es el sistema normativo de los yaquis, si todas las opiniones deben ser tomadas en cuenta de manera unánime o por mayoría.

La consulta indígena realizada por la Secretaría de Energía (Sener), antes de la construcción del gasoducto, arrojó que 7 de los 8 pueblos que componen la tribu aceptaban el proyecto. Loma de Bácum lo rechazó.

Los inconformes, menciona la fuente, se escudan en los derechos que les confieren sus usos y costumbres, pero los pobladores de la tribu yaqui deben cumplir y respetar las leyes del País, aseguran.

REFORMA publicó que el gasoducto Guaymas-El Oro no opera desde agosto de 2017, lo cual ha representado un costo de 235.8 millones de dólares de septiembre a mayo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre pagos al transportista y uso de combustóleo.

Además hay otras 40 empresas en la zona que no pueden tener acceso al gas natural.

Presuntamente, miembros de Loma de Bácum dañaron el ducto en agosto y en octubre desenterraron una parte, desde entonces no han permitido la entrada a IEnova, la transportista, para repararlo.

Agustín Humann, socio a cargo de proyectos de gas natural en Marcos y Asociados, explicó que ha faltado respaldo de las autoridades para solucionar la situación.

El especialista en el sector resaltó que el tema ya escaló al nivel de la Secretaría de Gobernación (Segob) a raíz de la falta de respeto al Estado de Derecho y el riesgo de protección civil.

Asimismo están involucradas la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Gobierno de Sonora.

“Han estado tratando de establecer algún tipo de negociación con las comunidades yaquis para resolver este problema, sin embargo no lo han logrado”, dijo.

Humann sostuvo que todos los afectados, incluyendo la CFE y las empresas, han pagado un precio más alto por operar con combustóleo, diesel o gas LP que el que tenían pactado con IEnova para el gas natural.

Este sabotaje del pueblo yaqui tampoco da certeza a inversionistas, pues pone en duda si se podría concretar la operación de este tipo de infraestructura, añadió.

Norma Zúñiga
Agencia Reforma