El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que permite a la Corte Constitucional del país decidir si aplica o no sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos.

La legislación, aprobada la semana pasada por el Parlamento ruso y publicada este martes en el sitio web del gobierno, permite a la corte rusa revocar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, si las considera inconstitucionales.
Según los términos del texto legal, Rusia podrá ignorar cualquier sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo y de cualquier otra instancia judicial supranacional si el Tribunal Constitucional ruso estipula que ésta contraviene los términos de la Carta Magna rusa.
Conforme a la nueva ley, la Corte Constitucional rusa estudiará cada decisión de cualquier órgano intergubernamental basada en tratados internacionales, y si alguna de ellas contradice la Constitución de la nación será declarada inaplicable.
Dmitri Peskov, vocero de Putin, explicó que la decisión sobre la prevalencia de la ley rusa sobre las decisiones del tribunal europeo no es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos, según medios rusos.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional de Rusia, Valeri Zorkin, afirmó que la institución está a favor del “diálogo” con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que hubiera algún problema. “No veo ningún problema allí, creo que las personas se preocupan por nada”, dijo Zorkin.
Sin embargo, la organización Human Rights Watch (HRW) consideró que la ley está diseñada para frustrar la capacidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Rusia para encontrar la justicia a través de organismos internacionales.
La ley fue firmada después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2014 que Rusia debe pagar 1.8 millones de euros (casi 2.1 millones de dólares) a los antiguos accionistas de la petrolera Yukos, encabezada por el ex magnate Mijail Jodorkovski, convertido hoy en oponente político a Putin.
Rusia no quiere liquidar la indemnización porque equivaldría a una “admisión de culpa” que no está dispuesta a realizar. Moscú firmó en 1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció por extensión la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, comprometiéndose a cumplir con todas sus decisiones.