La Unión Europea (UE) pedirá a Grecia reconocer a Turquía como un “país seguro” que ofrece “protección efectiva” a extranjeros, a fin de garantizar la legalidad de las devoluciones de refugiados que pretenden realizar.

El acuerdo bilateral para garantizar la legalidad de las devoluciones y frenar la crisis migratoria, criticado por Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales, será sometido a la ratificación de los gobiernos de los 28 Estados miembros de la UE este jueves y viernes.
Para que Grecia pueda cambiar su posición, la propia Turquía será emplazada a cambiar su legislación a fin de aplicar la Convención de Ginebra sin restricciones.
En la actualidad, sólo los ciudadanos europeos tienen derecho de solicitar asilo en el país, lo que convierte en ilegal las devoluciones pretendidas por la UE, ya que dejarían a sirios, iraquíes, afganos, eritreos y otros potenciales refugiados en una situación de vulnerabilidad.
El mayor problema es que el reconocimiento de Grecia supondría un respaldo a la política de derechos humanos de Ankara, ampliamente criticada por la UE en los últimos años.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos ven en Turquía elementos de un régimen totalitario, con la restricción de libertades fundamentales, detenciones arbitrarias de periodistas, académicos y políticos de la oposición y un control cada vez mayor de la prensa.
Para Amnistía Internacional (AI), las disposiciones previstas por la Comisión Europea no pasarán de un “cambio cosmético” en el acuerdo, “si Turquía es considerada, con un golpe de bolígrafo, un país seguro de retorno”.
“Porque simplemente no lo es para nadie, tampoco para los refugiados sirios”, aseveró en un comunicado el director de la organización humanitaria para Europa y Asia Central, John Dalhuisen.
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, dijo en rueda de prensa que todo inmigrante que llegue en forma indocumentada a Grecia tendrá derecho a solicitar asilo en el país y a tener su caso analizado de manera individual, como ordena la Convención de Ginebra.
Sin embargo, dejó a entender que las decisiones serán mayoritariamente negativas tras el cambio en las legislaciones griega y turca.
“La legislación (europea) permite considerar un pedido de asilo inadmisible si el candidato disfruta de suficiente protección en un primer país de asilo o si llega a la UE desde un tercer país seguro, que garantiza un acceso efectivo a protección”, señaló Timmermans.
La UE se comprometerá a ayudar a Grecia a reforzar los centros de registro de inmigrantes, así como la capacidad de recepción y de transporte en las islas.
No obstante, no está claro si los candidatos al asilo podrán aguardar la conclusión de sus procesos en el suelo griego o si serán trasladados a Turquía antes de eso.
Para cada refugiado sirio rechazado por Grecia, los países europeos acogerán otro directamente desde el territorio turco.
“La idea es mostrar a los refugiados sirios que, si no se juegan la vida en las manos de traficantes, sí tienen una posibilidad de recibir protección en Europa, pero de manera legal”, sostuvo Timmermans.
De acuerdo con la propuesta de Bruselas, los 28 Estados miembros de la UE pondrían a la disposición de Turquía las 18 mil plazas restantes de las 22.5 mil ofrecidas en el marco del esquema de reubicación de refugiados desde Grecia e Italia.
Otras 54 mil plazas podrían ser creadas enseguida.
Timmermans reiteró la importancia de que los 28 Estados miembros cumplan con sus promesas en ese sentido y compartan la carga de refugiados.
“Es necesario que los países europeos realicen avances urgentes. No hay manera, política o moralmente, de que convirtamos a Turquía o a Grecia en grandes campos de refugiados”, afirmó.
“Los flujos irregulares de inmigrantes viajando en condiciones arriesgadas a través del mar Egeo deben parar y ser sustituidos por un proceso de reinstalación ordenado y le-
gal”, añadió.