El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer una nueva ley contra el blanqueo de capital y otra para facilitar el rastreo de las transferencias bancarias, con el objetivo de combatir los delitos fiscales y la financiación del terrorismo.

Los países de la Unión Europea estarán obligados a tener registros centralizados con los datos privados de los propietarios efectivos de las empresas establecidas en sus territorios.

Entre ellos se incluyen la fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia del propietario, además de detalles sobre la propiedad en cuestión.

Las empresas relacionadas a personas con “exposición política”, consideradas sujetas a un mayor riesgo de corrupción debido al cargo que ocupan, deberán someterse a medidas adicionales, como declarar el origen del patrimonio y de los fondos implicados en sus operaciones.

Todas las informaciones deberán ser accesibles tanto a las autoridades como a las personas que comprueben un “interés legítimo” en investigar supuestos lavados de dinero, transferencias a grupos terroristas u otros delitos, como es el caso de los periodistas.

“La posibilidad de rastrear el origen de los ingresos ilícitos del crimen es esencial tanto para detectar, llevar a juicio y desmantelar las redes criminales, como para incautar y confiscar su riqueza criminal”, afirmó la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Los Veintiocho tienen ahora dos años para trasladar las nuevas reglas a sus legislaciones nacionales.