Los demócratas están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para poner entre las cuerdas a William Barr.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes adoptó ayer los primeros pasos para declarar en desacato al fiscal general por no entregar una versión sin censurar del informe de la llamada trama rusa al Congreso.

El presidente de ese comité, el liberal Jerrold Nadler, fijó para el 8 de mayo el voto para decidir si ir adelante o no con el proceso de acusar a Barr por desacato.

Esto, después de que ayer expirara el plazo dado por Nadler al secretario de Justicia para que entregara el informe íntegro elaborado por el Fiscal Especial, Robert Mueller, sobre los posibles vínculos entre el equipo electoral de Donald Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones de 2016.

En ese documento, del que el Departamento de Justicia publicó una versión editada, Mueller no halló pruebas de vínculos entre el entorno del presidente y Moscú, pero arrojó dudas sobre una presunta obstrucción a la justicia del mandatario.

“El fracaso por parte del Fiscal General en cumplir con nuestra citación, tras esfuerzos extensos de acomodar (una fecha), no nos deja más opción que iniciar los procedimientos por desacato, para hacer cumplir la citación y el acceso al informe completo, no censurado”, dijo.

Sin embargo, añadió que, si el Departamento de Justicia presentara una oferta para acceder al informe sin restricciones, se reservaría el derecho de posponer estos procedimientos.

Si la votación resultara favorable, la medida pasaría a la Cámara baja, que debería autorizar un procedimiento legal.

La reacción del Departamento de Justicia no se hizo esperar y el ayudante de Barr, Stephen Boyd, dirigió una carta a Nadler en la que le pidió celebrar una reunión mañana para analizar un acomodo aceptable para que más legisladores tengan acceso a una versión menos censurada del informe de Mueller.

Un total de 375 exfiscales generales consideraron en una carta, que Trump hubiera sido acusado formalmente de obstrucción a la Justicia por las revelaciones de la trama rusa, de no haber sido presidente.

“Cada uno de nosotros cree que la conducta de Trump descrita en el informe debería, en el caso de cualquier otra persona no protegida por la política de la Oficina de Asesoría Legal contraria a acusar formalmente a un Presidente en el cargo, resultar en varios cargos criminales por obstrucción a justicia”, apuntó la misiva.

Staff I Agencia Reforma