Exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se convirtieron en asiduos visitantes a los tribunales argentinos, ya que tienen que encarar múltiples causas de corrupción que avanzaron una vez que terminó su administración.

Desde la propia exmandataria y el exvicepresidente Amado Boudou, hasta exministros como Aníbal Fernández y Julio de Vido o el exsecretario de Comercio, Ricardo Jaime, enfrentan denuncias de administración fraudulenta o corrupción.
Fernández de Kirchner ya fue procesada en una causa en la que se investiga una millonaria operación financiera con dólares autorizada en 2015 por el Banco Central, y en la que también está acusado el exministro de Economía, Axel Kicillof. Los “dolores judiciales de cabeza” para el exgabinete son cotidianos, ya que, por ejemplo, este martes el juez Sergio Torres citó a indagatoria a Boudou para que explique la compra irregular de 19 automóviles de alta gama cuando fue ministro de Economía.
La mañana del martes, un fiscal imputó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas realizadas en la norteña provincia de Santiago del Estero.
Boudou ya fue procesado en un caso que investiga la presunta compra fraudulenta de una imprenta que estaba en quiebra y que, de acuerdo con la acusación, fue adquirida por el exvicepresidente a través de prestanombres y luego obtuvo millonarios contratos por parte del Estado.
Por otra parte, se espera que Boudou enfrente este año un juicio oral por haber falsificado documentos de un vehículo, aunque en las últimas semanas se le acusó también de haber entregado facturas falsas para justificar gastos en viajes oficiales. Mientras, De Vido ya fue procesado por su presunta responsabilidad en el choque de un tren ocurrido en febrero de 2012 en una céntrica terminal de Buenos Aires que dejó 51 muertos y centenares de heridos, en lo que fue una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de Argentina.
El primer juicio de esta causa culminó en diciembre pasado con la condena de los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario que operaba la concesión, Claudio Cirigliano, y el conductor del tren, Marcos Córdoba.
En su fallo, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de De Vido, ya que como ministro de Planificación debía garantizar las inversiones necesarias para el funcionamiento sin riesgos de los trenes, a pesar de que son concesiones privadas, ya que brindan un servicio público.
Por ahora, el exsecretario se encuentra a salvo de un juicio gracias a que goza de fuero parlamentario por su cargo como senador, aunque algunos de sus rivales políticos promueven el retiro de este privilegio.
El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se sumó la semana pasada al desfile de exfuncionarios involucrados en causas judiciales, ya que tuvo que declarar por el manejo irregular de los millonarios fondos del programa estatal Futbol para todos. Así las cosas para el personal de la expresidenta Cristina Fernández.