Organizaciones sociales, políticos e intelectuales rechazaron la emergencia de seguridad decretada por el gobierno argentino, al considerar que es un anuncio efectista que coloca al narcotráfico como principal amenaza para el país.

A través de un documento titulado Ante la declaración de emergencia en seguridad, decretada por el presidente argentino Mauricio Macri, advirtieron que la decisión del gobierno “pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad”.
El decreto, agregaron, adjudica al narco problemas relacionados con el delito y violencia para justificar un estado de emergencia con medidas excepcionales que detenga el ingreso de drogas ilícitas.
“Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista”, señalaron.
Ya se ha demostrado, señalaron, “que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad”.
En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El decreto, expusieron, caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EU prescribe para América Latina, pero que no aplica en su propio territorio.
“Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego (…) se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional”, precisaron.
También alertaron que las Fuerzas Armadas tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo, lo que es inconstitucional porque implica una pena de muerte sumaria encubierta.
También criticaron que el decreto no reconozca las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales, ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención.

NO AFECTAN NARCOFINANCIAMIENTOS

En esa estrategia no se proponen medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales, como, por ejemplo, fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero, indicaron .
El documento fue promovido por el grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia, integrado por respetadas personalidades del mundo académico de Argentina, y fue firmado por cientos de periodistas, escritores, sociólogos, diputados, senadores, politólogos y exfuncionarios.
A ellos se sumaron organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales, Intercambios Asociación Civil y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, entre muchas otras.