La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el pacto entre el gobierno colombiano y las FARC, sobre la justicia aplicable a los combatientes del conflicto armado, resultará en una impunidad casi generalizada.

“Se trata simplemente de un acuerdo de impunidad”, dijo el director para las Américas del organismo defensor de los derechos humanos, José Miguel Vivanco.
“Es un pacto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano”, agregó.
Vivanco explicó que un análisis del texto del acuerdo los llevó a concluir que el pacto garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino.
Expuso que el documento presenta vacíos y lagunas legales tales que, acusó, en el mejor de los casos, resultarán en promesas vacías.
El directivo dijo que la posibilidad de que responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad en ambos lados del conflicto queden sin castigo, convierten al acuerdo en un instrumento de protección y no de impartición de justicia.
“Ésta es una piñata de impunidad. Aquí no se discrimina a nadie”, indicó Vivanco, quien dejó en claro que lo que se busca no es que se aplique todo el código penal sobre quienes resulten acusados, pero que haya una justicia real para víctimas y sus familias.
“Lo que estamos pidiendo es que éste sea un pacto con la credibilidad necesaria, y se puede lograr con ajustes a su texto”, dijo.
El acuerdo anunciado el lunes pasado es considerado un paso crítico para alcanzar un pacto de paz entre el gobierno colombiano y las FARC después de más de tres años de negociaciones para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.
Establece varias categorías de penas de cárcel para responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad que van desde 20 años para aquellos hallados culpables y que no confiesen su responsabilidad, y hasta de cinco años a quienes reconozcan delitos tardíamente.
Aquellos que colaboren en el esclarecimiento de la verdad podrían ser sancionados hasta con ocho años de “restricción efectiva de libertad”, bajo la cual estarían impedidos a viajar fuera de sus casas o de ciertas zonas del país.