Organismos de derechos humanos de Argentina temen que durante la presidencia de Mauricio Macri haya un retroceso en políticas que han permitido, por ejemplo, condenar a más de 600 represores por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales son algunos de los organismos que han advertido los riesgos de echar abajo los logros de los últimos años.
La preocupación aumentó luego de que Macri se negara a recibir a representantes de derechos humanos con el argumento de que no tenía tiempo.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció que esta actitud indiferente es “típica” de Macri, pero “nos cayó bastante mal porque es descortés”.
Por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida lamentó que “no hemos escuchado por boca del presidente ni en su campaña, ni ahora, cuál es la política de Estado sobre derechos humanos, nos preocupa por todo lo que estamos viendo que está ocurriendo”.
En lugar de Macri, los organismos fueron recibidos por el jefe de gabinete, Marcos Peña, a quien le entregaron una carta en la que manifiestan su preocupación por la falta de diálogo y consenso en la designación de las nuevas autoridades en el Archivo Nacional de la Memoria.