Con penas de tres meses a ocho años y multas de 20 a 250 unidades de Medida y Actualización (UMA) a servidores públicos y particulares vinculados a hechos de corrupción, diputados avalaron la adición de cinco tipos de delitos en el Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Los ilícitos, que forman parte del título décimo sexto de la norma, agregado bajo el título “Delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares vinculados con estos hechos”, son: intimidación; uso ilícito de atribuciones o facultades; tráfico de influencia; enriquecimiento ilícito, y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares.

Según el dictamen, los servidores sujetos a castigos por estos actos ilegales son el gobernador, los diputados locales, magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia,  del Tribunal de Justicia Administrativa, procurador de justicia, consejeros electorales estatales, magistrados comiciales locales, presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos.

Asimismo, en el cambio a la ley incrementó las sanciones y amplió la definición de delitos y quien los cometa: ejercicio indebido del servidor público, abuso de autoridad, coalición, concusión, cohecho y peculado.

Entre las ampliaciones refiere que será sancionado el funcionario que desvíe recursos con objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o con la intención de denigrar a cualquier persona, detalla el dictamen que se avalado ayer por los integrantes de la LXIII Legislatura. Las reformas son parte de la séptima y última ley que integrará el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), mismo que deberá implementarse el 18 de julio.

“Con la reforma se otorgan facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, con herramientas legales para sancionar los hechos que atentan contra el debido y honesto ejercicio del servicio público”, leyó en tribuna el diputado panista Miguel Ángel Uribe sobre las modificaciones  al Código Penal de la entidad.

Agregó que con el SEA, aquel servidor público que se le compruebe un hecho de corrupción recibirá una suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones y procesos penales.

ILÍCITOS

…Intimidación: con penas de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario de la UMA.

…Uso ilícito de atribuciones o facultades: con sanciones de uno a ocho años de prisión y multa de 50 a 250 UMA.

…Tráfico de influencia: con penas de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 200 UMA

…Enriquecimiento ilícito: con sanciones de tres meses a dos años de prisión y multa de 30 a 100 UMA.

…Uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares: con penas de tres a seis años de prisión y multa de 20 a 100 UMA.

…La reforma define qué servidores públicos son sujetos del delito de corrupción.

…Se amplía el concepto de delitos cometidos en la procuración y administración de justicia; por ejemplo, ocultar al imputado quién lo acusa; que no se dicte un auto de vinculación a proceso o de libertad a un detenido dentro de las 72 horas siguientes de que fue puesto a disposición.

…Asimismo, dar a conocer a quien no tenga derecho documentos reservados y confidenciales relacionados con el proceso penal y se desvíe u obstaculice la investigación de un hecho delictuoso.