El globopuerto de Apulco, Metepec, estaba apartado del marco legal, pues carecía de permisos oficiales para operar, más allá de la autorización de la presidencia municipal, señaló Antonio Godínez Martínez, abogado de las familias afectadas por el accidente de marzo de 2016.

Los quejosos solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) revisar las condiciones en que se llevó a cabo la instalación del sitio, la adquisición de la aeronave y los delitos en que pudieron incurrir las personas que otorgaron la autorización de funcionamiento a la empresa Club de Aeronautas de México.

Sin embargo, el caso pasó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) porque el año pasado la instancia federal se declaró incompetente. En la actualidad, existe un amparo para que la fiscalía nacional retome el asunto.

Según el litigante, el objetivo es que las autoridades ministeriales investiguen la introducción ilegal del globo a México (como lo detectó la PGR), por lo que se solicita la indagación por el delito de contrabando.

La zona no tenía licencia de funcionamiento ni regulación estatal o federal, pues no observaba los lineamientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para el manejo de ese tipo de vehículos, añadió.

En el ámbito local, Julio César Trujillo Meneses, director de Investigación y Litigación Región Oriente de la PGJH, indicó que la instancia realiza algunas diligencias, entrevistas y averiguaciones para dar con los probables responsables.

“Es una cuestión culposa en la que el piloto es el responsable; por ello, investigamos responsabilidad de tipo penal de alguna otra persona, pues hay cuestiones técnicas que debieron cubrirse, como permisos, condiciones de la zona”, mencionó.

De haber una falta administrativa, añadió, la procuraduría daría vista a la dependencia correspondiente. “Hay situaciones que competen a nivel federal y ya hicieron su investigación, pero hay otra área del orden común”.

En entrevista por separado, Godínez pidió la revisión de las dependencias que permitieron el vuelo: municipio y la Secretaría de Turismo, que le hacía propaganda en sus páginas, pues “tuvieron responsabilidad, a lo mejor sólo administrativa, a lo mejor sí un delito, que era la pesquisa que se pidió a la PGR.

“Todo esto es una negligencia, no fue con intención, pero las omisiones llevaron a lo que pasó, por lo que hay que aplicar una sanción o una reparación del daño”, concluyó el abogado.

Sara Elizondo I Pachuca