Inhibe denuncia ciudadana caso Sylma, advierten
 
Hace (74) meses
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El caso de Leonardo García Vázquez, acusado de difamación por la constructora Sylma por decirse defraudado, inhibe e intimida la denuncia ciudadana, afirmaron activistas sociales.

Reyna Torres Juárez, presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), sostuvo que el caso de la persona demanda por evidenciar irregularidades en su vivienda se da en un momento en que se busca la inclusión de la sociedad dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

“Es muy lamentable que se tomen este tipo de acciones contra un ciudadano, porque envía un mensaje a la ciudadanía de que denunciar actos de corrupción puede tener consecuencias”, sostuvo la activista.

Por su parte, Guillermo Lizama, enlace en Hidalgo del Movimiento Nosotrxs, coincidió en que un ciudadano sea denunciado por hace públicas las presuntas irregularidades de la constructora propiedad de Silvia Rico Moreno, hermana del exsubsecretaria de Obras Públicas, intimidará para que otros realicen denuncias por posibles actos de corrupción.

“Es oportuno que la autoridad investigue los posibles conflictos de interés, en especial a la autoridad judicial que vinculó a proceso al ciudadano por calumnias, ya que, a todas vistas, afecta e intimida a la ciudadanía”, destacó.

El 15 de enero, la juez de control Sissi Anette Rodríguez Fernández vinculó a proceso a García Vázquez y le ordenó la restricción de no salir de las entidades de: Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Durante la audiencia, la juzgadora dijo: “Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea desde el momento en que se transmitió la información al reportero del diario El Independiente (…) Eso significa que no pueden las personas pretender hacerse justicia, de propia mano, utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”

Lizama agregó que los ciudadanos deben estar en igualdad de condiciones frente a la autoridad, “ya que ellos son parte en la atención de los problemas públicos, como en este caso la precaria construcción de viviendas”.

El politólogo consideró que este caso podría ser una barrera para la investigación periodística y el ejercicio libre del periodismo. “En este sentido se espera que se investigue y que intervenga incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para dar una señal de protección a los ciudadanos”.

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