El titular de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales (Subae), José Arturo Sosa Echeverría, instó a los servidores públicos a abstenerse de brindar públicamente apoyo a precandidatos o candidatos, pues pueden ser objeto de conductas constitutivas de delitos comiciales.

En entrevista, el funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) dijo que la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla penalidad por actos como obligar a un subordinado a votar por un partido, así como condicionan cualquier servicio o programa social a cambio del voto.

Además, considera penas por la utilización de recursos públicos para apoyar a algún candidato o partido, o prestar servicio o apoyo en el tiempo de labores propio o el de sus subalternos.

“El brindar apoyo es algo muy amplio, no sólo es otorgar un recurso, es acudir a algún evento, a alguna manifestación o mitin, incluso en redes, el otorgar apoyo es una situación que se presta a un montón de interpretaciones muy amplias. Es muy importante que los funcionarios sepan esto”, agregó vía telefónica.

“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que (…) proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato (…)”, señala el artículo 11 fracción IV de la ley referida.

¿incongruente?

Este año, sin comicios, la Subprocuraduría de Asuntos Electorales ejerce 4 millones 581 mil 540 pesos; para 2018, con elecciones, la Secretaría de Finanzas propuso otorgale menos: 4 millones 248 mil 280 de pesos.