Habitantes de las comunidades de El Refugio y Texas, de Atotonilco de Tula, acusaron que Cementos Fortaleza opera con negligencia sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) castigue daños a la ecología que derivan en enfermedades en piel, ojos e incluso cáncer.
El mediodía del martes los pobladores interpusieron una denuncia ante la Profepa, a cargo de Emilse Miranda Munive, para que obligue a la cementera a operar bajo los lineamientos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental.
La empresa situada a menos de 500 metros de la comunidad El Refugio, empezó operaciones en marzo de 2006 bajo la razón social Lafarge; de acuerdo a los pobladores, prometieron obras de electrificación, construcción de una plazuela que no fue concluida y generación de empleos; pero contratan a personal de otros estados.
Hace dos años, Lafarge cambió a Cementos Fortaleza, señalan que desde entonces se les ha negado cumplir con el convenio establecido en 2004, antes de que iniciaran las obras de construcción y en el que el gobierno del estado fue intermediario.
Acusaron a Ricardo Cevallos, enlace entre la cementera y la comunidad, de postergar contratación de los habitantes, lo cual ha generado indignación, pues señalan, además de contaminar su comunidad les quitaron su medio de subsistencia que era el pastoreo, ya que la contaminación mató a sus animales.
A finales de este mes, será inaugurada la ampliación de la planta, la cual pondrá en funcionamiento otros dos hornos más, donde se presume, continuará la quema de desperdicios electrónicos y llantas, lo cual está prohibido por la legislación ambiental.