Siete test de psicología forense coinciden que S.O.M., un menor de seis años, fue afectado emocionalmente por el acto que “ejercieron en su contra”, una violación, según la madre del infante, Karina Oropeza Mendoza, quien denunció el 17 de noviembre de 2016 a un entrenador de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (Unifut) por su probable responsabilidad en este delito.

La violación, sin embargo, que tiene una penalidad de 7 a 18 años de prisión, fue reclasificada por abuso sexual, que se sanciona de 5 a 9 años, por dos exámenes –médico proctológico, de integridad física, para clasificar las lesiones, y un exudado anal –que no coinciden con la prueba psicológica–, ya que, según el subprocurador de Procedimientos Penales región Oriente, Ricardo César González Baños, no acreditan “copula”, mismos que tampoco concuerda con la entrevista, y su ampliación, con el menor, quien narra, en un lenguaje infantil, la forma en la que fue atacado sexualmente, misma que no se reproduce en apego a los derechos de la víctima.

En la sesión de psicología forense, cuando fue cuestionado “por qué estás aquí”, respondió: “Vengo porque en la escuela hice popó con sangre”. Reitera, también, que sitió “algo” que entró y salió al tener contacto con L.A.S.B., entrenador del equipo Coyotes de las divisiones inferiores de la institución educativa que pertenece a Grupo Pachuca.

El test house tree person, por ejemplo, arroja que en el niño “se observa inseguridad, asilamiento, descontento, tensión, preocupación ambiental, compensación, rigidez, preocupación sexual, necesidad de control”.

Mientras, el de cat sex determina que “se percibe con amenaza a su seguridad, identifica situaciones de riesgo, amenaza a la integridad corporal. Observa a figura materna como fuente de protección, considera el ambiente escolar como hostil y abrumador; muestra necesidad de protección, temor, sentimiento de culpa y tristeza”.

Ambos fueron certificados por la especialista Adriana Ávila Rodríguez en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, el 17 de noviembre de 2016, un día después de que se iniciara en el distrito judicial de Actopan la carpeta de investigación 1-2016-1246 por el delito que, en ese momento, se consideró violación.

El expediente, además, incluye tres testimonios adicionales al del menor: el de la madre, que dice que “al bajarle el short y el calzón estaba evacuado, con papel de baño hecho bolas y toallitas húmedas, y todo lleno de sangre en la región anal, en las nalguitas y la ropa”, así como el de un chofer y otra empleada, quienes recogieron a S.O.M. y a su hermana de nueve años en la Unifut.

El primero, Remedios Politrón Montes, testificó que la víctima fue de los últimos niños en salir y “que iba caminando abierto de pies, y que cuando le preguntó, S.O.M. le dijo que le había ganado la de la popó”.

Por su parte, Cristina Santillán Ángeles, trabajadora de intendencia en la clínica en la que labora la madre del menor, declaró el 23 de noviembre en el Centro de Justicia para Mujeres que “cuando los niños se subieron a la camioneta, me percaté que S.O.M. no se quería sentar bien. Casi siempre lo cargo para acomodarlo en el asiento, pero ese día no se dejó ni siquiera tocar. Me percaté que venía mojado de la parte inferior (especificando que de la cintura para abajo)”.

El subprocurador expuso que debido a que el examen proctológico no arrojó lesiones, y en el de exudado anal no se encontraron residuos de semen, el delito no puede ser violación y, de haberlo clasificado así, habría sido desechado por el juez por errores en la integración de la carpeta.

Cuando se realizaron estas pruebas, el niño dijo que tenía mucho dolor, y por ello sólo se recabaron dos hisopos, más dos prendas que recibió el laboratorio de química forense con el número de control interno DISEPE/QUI/3/XI/3932/2016.