El gobernador Omar Fayad Meneses acusó una campaña en su contra promovida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con “calcomanías y pegotes” con la leyenda “No a la Ley Fayad”, en referencia al decreto 228 del Congreso local que mandata la creación de un órgano de control interno en la institución.

La “campañita dolosa”, afirmó tras el lanzamiento de la estrategia Hidalgo Innova, está autorizada por el rector Adolfo Pontigo y el presidente del patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán.

“Infortunado que el rector y el presidente de patronato me hayan incluido en su boletín de prensa”, dijo en referencia al comunicado que emitió la casa de estudios el 21 de noviembre respecto a la entrada que un juez dio al amparo contra el órgano de vigilancia.

El exedil de Pachuca afirmó que el gobierno ni su persona tienen “nada que ver” con el tema de la UAEH.

Dijo que la negativa de la institución a la designación de un órgano de vigilancia  es un tema jurídico que deben resolver Pontigo Loyola y Sosa Castelán, directamente con el Congreso del Estado.

“No entiendo por qué me ha metido a mí, lamento esa postura de Gerardo y el rector. Lamento que en un boletín de la universidad hablen del gobernador”, expresó.

Por tener grados académicos, agregó, ambas autoridades universitarias deberían contar con el conocimiento de la división de poderes y cómo son los actos legislativos y jurídicos.

El mandatario insistió en que es “infortunado” que la universidad gaste o “desvíe” recursos en calcomanías con la leyenda “No a la Ley Fayad”.

Fayad Meneses dijo que él está de acuerdo con la autonomía de cátedra, de gobierno y de administración de la UAEH, pero afirmó que no puede ser “que se gasten los recursos públicos sin rendir cuentas en el marco de un nuevo sistema que combate la corrupción”.

“A dónde se van los recursos públicos que recibe la universidad, porque hay señalamientos sobre el rector y sobre Gerardo el presidente del patronato”, agregó.

Boletín de la discordia

El 21 de noviembre, la UAEH, a través de su área de comunicación social, emitió un boletín informativo que indica que el amparo promovido por la institución contra el decreto 228, expedido por el Congreso local, había sido admitido por el juez primero de Distrito y concedía la suspensión provisional del acto reclamado.

Con ello, señaló la institución, “se frenan los intentos del gobierno estatal por violentar la autonomía universitaria, consagrada en la fracción VII del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.