Leonardo García Vázquez, acusado por Susana González López, representante legal de la constructora SYLMA S.A de C.V, por el delito de difamación, fue vinculado a proceso en libertad por la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández, de los juzgados orales de Pachuca por haber denunciado supuesta corrupción ante un medio local.

Durante una audiencia que duró más de seis horas, Jesús Alberto Guerrero Rojas, defensor legal de García Vázquez, intentó presentar pruebas para demostrar la presunta inocencia de Leonardo; sin embargo, fueron desechadas por apelación de la defensoría de la constructora.

Ante esto, la jueza resolvió que existen elementos para vincular a proceso a Leonardo García por el delito de difamación al supuestamente haber comunicado, de manera “dolosa”, que se sentía defraudado a un periodista del diario El Independiente de Hidalgo, debido a que su casa, ubicada en el fraccionamiento Esmeralda, en Zempoala, presentaba defectos de construcción. Además, de señalar los mismos vicios en la unidad habitacional construida por SYLMA, de la cual es socia Sylvia Moreno Rico, hermana del exsubsecretario de obras públicas de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno.

“Eso significa que ningún ciudadano puede comunicarle a un periodista o a otra persona un hecho, aunque sea verdad, porque se enojan o le causan descredito”, señaló Guerrero Rojas en entrevista con Criterio.

Dicha comunicación que tuvo Leonardo García con el periodista derivó en dos notas publicadas el 8 de noviembre y 21 de diciembre de 2016, por las cuales Susana González López, representante legal de Sylma, demandó a García Vázquez.

“Nos transmiten (con la vinculación a proceso) que no podemos expresarnos libremente porque caemos en este sistema inquisitorio. Desafortunadamente desconozco si de hoy en adelante puedo seguir hablando a los medios, porque entonces me están cuartando mi derecho a la libre expresión”, detalló Leonardo García, a Criterio, ante la resolución de la juez.

La juzgadora resolvió que Gargía Vázquez seguirá su proceso en libertad con las medidas cautelares de firma periódica y la restricción de no salir de las entidades de: Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.