Integrantes de organizaciones a favor de la interrupción legal del embarazo consideraron que los grupos provida carecen de empatía con las víctimas de violación; además, aseguraron que desconocen las leyes en México.
El sábado, el Frente Nacional por la Familia recolectó firmas en las entidades federativas, con el objetivo de pedir al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no incluya en su agenda legislativa la despenalización del aborto.
Bertha Miranda Rodríguez, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), lamentó las declaraciones de los miembros de la Unión de Padres de Familia que se refirieron al embarazo como un “problema” y al producto de un abuso sexual como el “tercero en discordia”.
“Vemos que no existe una preocupación real por la vida o por que un niño o niña viva con dignidad. Lo que interesa es controlar la decisión de una mujer sobre su cuerpo”, agregó.
Leonardo Jiménez Escalera, representante en Hidalgo de la unión, consideró que el aborto es un delito y debe castigarse. Al respecto, Miranda señaló que, por ser hombre, el vocero no sabría las implicaciones de un embarazo tras una violación.
“Se juzga a las mujeres por interrumpir su gestación, bajo la causal que sea, y no ofrecen alternativas, solo que se debe juzgar y castigar. Nosotras seguiremos luchando por que no se criminalice a las mujeres, incluso por quienes están contra el derecho a decidir”, agregó la activista.
Diana Avilés Quezada, directora de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), mencionó que existe un desconocimiento de la ley de derechos humanos, pues a partir de 2011 México se compromete con tratados internacionales a proteger las garantías de las féminas; una de estas es decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que desean.
Marisol Flores I Pachuca
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