El abogado Rubén Darío Ramírez Fernández aseguró que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) “orquestó” la detención de Adel-fa Zúñiga Fuentes, exalcaldesa de El Arenal; además, aseguró que interfiere en el periodo de aportación de pruebas.
Según el litigante, por mandato del fiscal Javier Ramiro Lara Salinas, agentes evitaron que las denunciantes del delito de despojo recibieran los documentos para presentarse ante el juez.
Entrevistado al término de la audiencia en el Juzgado Primero, calificó el proceso penal como arbitrario. “Con los elementos probatorios que tengo, esto es una porquería orquestada por la procuraduría”, dijo.
A partir de la detención de la expresidenta municipal el pasado martes, inició el periodo constitucional de 72 horas para desahogar pruebas en su favor. El tiempo fue ampliado hasta el próximo lunes.
“Hoy se iba a celebrar el testimonio de cuatro personas y no se pudo llevar a cabo porque la fiscalía lo obstruyó. Ayer que se les envió el exhorto (a la parte acusatoria), en su casa había cinco agentes de investigación; a decir de ellos, iban por órdenes del procurador”, expuso.
“El inicio de proceso fue por despojo, que tiene una penalidad de tres meses a seis años en prisión, pero para privarle de ese derecho le pusieron una agravante de violencia, según declaraciones del 13 de junio de 2018”, expuso.
Las versiones iniciales han cambiado con los años, agregó el representante. “En la primera declaración de la querellante, del 25 de enero del 2012, aseguró que no conocía a quienes estaban presentes en los hechos. En cambio, en la declaración de este mes menciona a la licenciada (Zúñiga) y a todos sus hermanos. Dice nombres, apellidos, fisonomía”.
Ramírez anticipó que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pues considera que se trata de un delito comicial.
“Le están coartando su derecho de asociación, de libre ejercicio del voto y a transitar. Ella es una presa política, no hay más”, aseveró.
Criterio buscó la versión de la fiscalía estatal, pero no hubo respuesta.
Sara Elizondo I Pachuca
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