Este día será sometida ante el pleno del Congreso local la propuesta de Raúl Arroyo González como titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por los próximos cinco años.

Según el dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, al que Criterio tuvo acceso, el exombudsman “ha satisfecho los requisitos”, por lo que, de ser avalado por mayoría calificada, estará al frente de la fiscalía estatal de 2018 a 2023, “a partir de la fecha en que tome protesta”.

Ayer, tras la renuncia de Javier Ramiro Lara Salinas a la fiscalía, avalada por la LXIII Legislatura el jueves pasado, los cinco servidores propuestos por el gobernador Omar Fayad Meneses para reemplazarlo comparecieron ante la comisión, que llevó a cabo el proceso a puerta cerrada.

En entrevista con medios, Arroyo González, extitular de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), consideró necesario lograr la dignificación del Ministerio Público, pues la ciudadanía desconfía de esta figura, que también ha evidenciado desconocimiento de su labor en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, dijo.

Pese a la incidencia de recomendaciones del organismo autónomo por tortura contra agentes de la fiscalía local, señaló que, de llegar al cargo, no habrá una limpia de elementos policiacos.

“No podemos ser violadores de derechos y, por suponer que hicieron algo, tomar decisiones. Cuando hay certeza de que hay una anomalía, entonces tendremos la certeza de que el perfil no se cubre y debe haber una sustitución, (pero no) podemos caer en decisiones autoritarias, rápidas, que no necesariamente están llamadas a ser buenas decisiones”, excusó.

Arroyo será votado 49 días antes de que la LXIII Legislatura concluya funciones, el próximo 4 de septiembre. La siguiente será una legislatura con mayoría opositora, encabezada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Arturo Sosa Echeverría, otro de los aspirantes, defendió la idoneidad de su perfil, pese a sus antecedentes como subprocurador de Asuntos Electorales, pues su trayectoria, dijo, garantiza que no tiene compromisos con personajes o partidos políticos y que se conduciría con autonomía, cualidad indispensable en la fiscalía estatal, sostuvo.

Mostró malestar cuando los medios lo cuestionaron sobre la acusación en su contra por presunto acoso sexual, en 2011.

“No hubo nada, eso es molesto a mi persona, atenta contra mi dignidad humana, es algo que jamás he cometido. Son preguntas bastante molestas y complicadas, parece que quieren descalificarme”, señaló Sosa, quien aseguró que no existe ninguna denuncia ni prueba.

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, Carlos Muñiz, afirmó que solicitó autorización para ausentarse de su cargo por 10 días para contender; sin embargo, excusó no tener presente en qué fecha inicia y termina el permiso. “Está en tiempo y forma mi licencia”, dijo.

Sobre su cercanía con el gobernador –con quien reconoció mantener una relación desde 1986– negó que represente una ventaja. “No (quiero) calificarla por ventaja ni desventaja, al final es votación y tenemos un Congreso plural”, aseveró.

Muñiz Rodríguez negó que busque saltar del sector agrario al área de justicia, pues su experiencia laboral incluye puesto en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

“En la procuraduría estatal creé la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, que aún subsiste”, añadió.

Lidia Noguez Torres, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa del Poder Judicial de Hidalgo, y Alejandro García Godínez, director de Normatividad de la Unidad de Planeación y Prospectiva, no otorgaron entrevista a medios.

• El 5 de julio, tras 22 meses en el puesto, el procurador Javier Ramiro Lara Salinas presentó su renuncia ante el Congreso de Hidalgo, sin especificar los motivos de su salida
• Lara fue designado el 3 de septiembre de 2016 por la legislatura pasada, de una terna enviada por el anterior titular del Poder Ejecutivo

Emmanuel Rincón I Pachuca

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