Desde enero de 2017 hasta este mes, el gobierno del estado de Hidalgo ha inhabilitado a 11 funcionarios, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP); entre ellos se encuentra el exsubsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH Pablo Pérez Martínez, evadido de la justicia.

Negligencias administrativas, cohecho, extorsión y abuso de autoridad son las principales faltas de las que la oncena es señalada; las sanciones van de 1 a 10 años en los que no podrán desempeñarse como servidores.

La inhabilitación más larga es la de Pérez Martínez por una década, a quien la contraloría estatal inició dos expedientes por negligencias administrativas, derivados de dos denuncias penales que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) hizo contra el exempleado por el desvío de recursos en esa dependencia.

Los expedientes con folio P.R.A./20/2017 y P.R.A./47/2017-B fueron resueltos el 11 de mayo y 27 de octubre de 2017. Desde esas fechas, la sanción contra el exsubsecretario de Finanzas de la SEPH está vigente.

Por el segundo caso, la Contraloría también determinó inhabilitar por 10 años a Gabriel Díaz Quintero, exdirector de Tesorería de la SEPH.

De una queja ciudadana por abuso de autoridad se inició el caso P.R.A./54/2017, en el que se resolvió sancionar a Juan Hernández López, también por una década, con fenecimiento al 23 de noviembre de 2027.

Por seis años se imposibilitó para ejercer cargos como funcionario a Juan Raúl Muniz Alonso, quien se desempeñó como defensor público, señalado por cohecho. Podrá ejercer el 31 de marzo de 2023.

En la lista de suspensiones por tres años aparecen Irma Chávez Guerrero, excoordinadora estatal de Escuela Segura, a quien la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) inició el expediente DGR/002/2014, que culminó en su inhabilitación hasta el 4 de mayo de 2020.

Cohecho y extorsión fue la causa de la suspensión, también por tres años, de los expolicías ministeriales Julio Acosta Pérez (23/01/2021) e Iván Vargas Sanjuán (23/01/2021), además de Ana Karen Soto Barraza, excontralora de Almoloya (01/03/2021).

Por una queja ciudadana de negligencia administrativa y tras una revisión se suspendió por dos años a Lillian Berenice Macías, quien podrá trabajar como servidora pública no antes del 19 febrero de 2020. Por un año y negligencia administrativa, el gobierno estatal inhabilitó a Juan Manuel Delgado Uribe (20/07/2018) y al excontralor de Almoloya Emmanuel Islas Orgaz (01/03/2019).

EXSERVIDOR ACUMULÓ DOS EXPEDIENTES

La inhabilitación de Pablo Pérez Martínez es por dos recursos diferentes: P.R.A./20/2017 y P.R.A./47/2017-B, resueltos el 11 de mayo y 27 de octubre de 2017, respectivamente, por lo que se inhabilita por 10 años al exsubsecretario por una década, a partir de esas fechas

INCIDENCIA

11 servidores públicos han sido inhabilitados de enero de 2017 a la fecha

10 años es la sanción más alta, y un año, la más baja

Marisol Flores I Pachuca

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