La Comisión de la Verdad del Caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo.

De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos del caso Iguala.

“Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”, dice el fallo.

Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusaron trabas del Gobierno federal.

En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense, es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.

“Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.

“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, establece la sentencia de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.

Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del Gobierno y del Ejército.

Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.

“Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió”, cuestiona.

Abel Barajas
Agencia Reforma