Las sanciones por maltrato animal son letra muerta en el estado, señaló la rescatista Alba Luisa Jiménez del Ángel, pues, a pesar de que hace dos años se tipificó esta conducta (28 de julio de 2016), no existe un aparato de justicia que las penalice.
“Los animales son acuchillados, golpeados hasta la muerte, abandonados en azoteas, arrastrados en camiones y tratados de forma cruel, sin castigo a los responsables”, acusó la activista.
En entrevista con Criterio, Jiménez del Ángel, representante de la organización La Jauría de Balú, aseveró que, cuando inician denuncias ante el Ministerio Público (MP) por malos tratos a especies, los funcionarios tardan de dos a tres meses en actuar, o les piden que no promuevan una querella si no tienen pruebas.
Acusó que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) solo realiza actas administrativas, ya que es un ente que, al no tener un MP especializado en la materia, su actuación es nula.
“Hidalgo no tiene como tal un organismo de protección a los animales; (el tema) no está legislado como tal. Si no hay un aparato: es ley muerta”, agregó.
Por lo anterior, la defensora mencionó que La Jauría de Balú, mediante redes sociales, denuncia y etiqueta a los responsables de maltrato animal.
Refirió el caso de un operador del Tuzobús, a quien acusó en Facebook por haber atropellado a una perra, por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) se hizo cargo de los gastos veterinarios; sin embargo, la recuperación del animal no está cubierta.
También mencionó un incidente ocurrido en febrero pasado, cuando dejaron encerrados en una propiedad de El Paraíso, Mineral de la Reforma, a ocho perros, de los cuales fallecieron cuatro por falta de agua y alimento.
Marisol Flores l Pachuca