La Ley de Seguridad Interior debilita a organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fiscalías y organismos anticorrupción, advirtió la propia CNDH.

En un posicionamiento ante la entrada en vigor de la Ley, la Comisión señaló además que ésta no representa un beneficio inmediato para las personas, ni para las mujeres y hombres de las fuerzas armadas.

La CNDH reprochó que mientras el artículo 9 mantiene bajo reserva toda la información generada con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, el artículo 21 obliga a organismos como la CNDH a entregar toda la información sobre asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

“Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que, aun cuando este organismo nacional investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga”, indicó la CNDH.

Con ello, detalló, se violentarían los derechos de las víctimas y se propiciaría que en esos casos no exista verdad, justicia ni reparación.

“Esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues las mismas, de igual forma, estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre la investigaciones que realicen”, alertó el organismos de derechos humanos.

Por ello, la CNDH lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya promulgado la ley, puesto que dejó de lado oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre el ordenamiento.

“La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, agregó el organismo.

En su posicionamiento, la Comisión advierte que si bien las autoridades han reiterado que la esencia de la Ley es brindar un marco normativo a la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a las policías, la realidad es que su alcance trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas.

“La Ley de Seguridad Interior, en opinión de esta Comisión Nacional, no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de nuestras fuerzas armadas o policías, arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad”, señaló la CNDH.