Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron por mayoría el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El nuevo ordenamiento tiene por objetivo proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Se precisa que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Lo anterior, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre sus objetivos están: proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Transparentar la gestión pública a través de la difusión de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, para favorecer la rendición de cuentas.
Se regulan los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto de Acceso a la Información Pública, fortalece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados.
Asimismo, consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública.
De acuerdo con la nueva ley “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona”.
“Y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.