La iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) en materia de seguridad pública contempla un mecanismo para extinguir a las policías que violen la ley, los derechos humanos, sean cooptadas por la delincuencia e incumplan sus obligaciones.
El presidente del Senado, Roberto Gil, explicó que el proyecto incluye la creación de un nuevo Instituto Nacional de Seguridad Pública que tendrá entre sus facultades solicitar la desaparición de las corporaciones policiacas a los Congresos locales, cuando se trate de Policías municipales, y al Senado, cuando sean corporaciones estatales y federales.
El legislador federal detalló que, en una primera instancia, el nuevo órgano realizará evaluaciones y auditorías permanentes para calificar el desempeño de los policías.
En caso de encontrar irregularidades, emitirá recomendaciones que, de no ser atendidas, ameritarán el envío de un interventor.
En caso de que la presencia del funcionario no permita poner fin al problema, se aplicará una intervención temporal para subrogar a la corporación policiaca y asumir el control de esas funciones, dijo.
“Se le da espacio a la autoridad local para que pueda generar sus propias capacidades, pero si eso no funciona entonces tiene el momento definitivo en el que no queda otra más que extinguir”, afirmó.
“La extinción de las corporaciones es la última racionalidad del sistema, no es la primera, por eso está la gradualidad, la flexibilidad, pero lo más importante es la amenaza, que sepan que existen consecuencias. Se trata del primer gran mecanismo de disciplina”.
El ex presidente de la Comisión de Justicia recordó que la iniciativa, presentada por el PAN en la Cámara de Diputados, establece que la extinción deberá pasar por controles parlamentarios.
“El Congreso local o el Senado revisan el cumplimiento de la ley, determina si está en el supuesto y aprueba la extinción. El Instituto tiene que decir quién va a ocuparse de la función, si el estado o la federación. Es un procedimiento que es copia fiel del americano, donde se pide la extinción de una corporación policiaca ante un juez”, dijo.
Roberto Gil adelantó que, bajo este esquema, las propias policías municipales o estatales pueden reconocer ante el orden de Gobierno superior que carecen de capacidad para llevar a cabo sus funciones.
El legislador panista explicó que, en estos casos, las autoridades estatales o federales asumirán la responsabilidad, pero los municipios o las entidades seguirán pagando por esos servicios.
“En cualquier momento, tanto la policía estatal como la municipal pueden entregar la llave, pueden decir ‘yo no puedo’. Entonces otra corporación se encarga pero ellos pagan el servicio para evitar el incentivo parasitario de que digan: quédate con la chamba y yo me quedo con la lana”, agregó.