Retirar el fuero de la diputada sinaloense Lucero Sánchez dependerá principalmente de un peritaje de las fotografías de su licencia de para conducir y la credencial de elector que presuntamente utilizó cuando visitó a Joaquín El Chapo Guzmán, informó el diputado Ricardo Ramírez.
El legislador priísta, quien es el presidente de la Sección Instructora, señaló que al no contar físicamente con la credencial de elector, la cual es apócrifa, los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) se basaron en la fotografía que se tomó del documento en el penal del Altiplano.
“Sí hay fotografías de la credencial para votar, cuando la persona que ingresa al Altiplano se le tomó una fotografía, y también hay fotografía de la credencial para votar, de eso sí hay, entonces se hizo un comparativo entre la fotografía que aparece en la credencial para votar con la que ella utiliza como licencia de manejo y que le fue expedida por el gobierno de Sina-
loa”, explicó.
Ramírez reiteró que tampoco existe un video del día de la visita, ocurrida el 4 de septiembre de 2014, antes de que El Chapo Guzmán se escapara por segunda ocasión, ya que el penal restaura el sistema de videovigilancia cada 27 días.
Sin embargo, sostuvo, el hecho de que no se cuente con ambas pruebas no impide que la comisión pueda resolver sobre el asunto, pues lo tiene que hacer tomando en cuenta distintos elementos y la manera en la que éstos se concatenan unos con otros.
“Toda la valoración de las pruebas es con una concatenación, no en forma aislada, no porque no exista algún elemento probatorio se puede ser concluyente o determinante para el sentido que va a determinar la resolución”, señaló.
La PGR acusó a Sánchez de uso de documento falso, pero como la legisladora goza de inmunidad procesal, solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para poder consignarla ante un juez.
Ramírez anunció que la resolución de la comisión se dará a partir del 9 de mayo, que es la fecha en la que cierra la instrucción y que dependerá de la Mesa Directiva fijar la fecha de un periodo extraordinario para que el Pleno se pronuncie sobre el caso. (Rolando Herrera y Claudia Salazar).
